Este miércoles 11 de septiembre, el pleno del Senado de México aprobó la reforma al Poder Judicial, un proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación se llevó a cabo tras intensas horas de debate y un cambio de sede debido a la irrupción de manifestantes en el Senado.
Con 86 votos a favor y 41 en contra, la iniciativa será enviada a los Congresos estatales para su consideración. Para que la reforma se convierta en ley, deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 Congresos locales, salvo que se presenten amparos o medidas legales que suspendan su aplicación.
Durante más de 12 horas, Morena y sus aliados, incluyendo al Partido del Trabajo (PT) y al Verde Ecologista de México (PVEM), lograron obtener la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma. Esta iniciativa, una de las más controversiales en años recientes, busca modificar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, permitiendo que estos cargos sean elegidos por voto popular.
En una sorpresa, el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, votó a favor de la reforma. Aunque al inicio de la sesión se ausentó por motivos de salud, se reincorporó en la sede alterna de Xicotencatl para expresar su apoyo a la propuesta. Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, no participó en la votación y se reportó su desaparición junto con la de su padre.
La reforma propuesta por AMLO incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y la disminución de su período de 15 a 12 años. Además, establece que los jueces federales y ministros serán elegidos por voto popular y prevé la realización de dos elecciones para renovar los cargos: una extraordinaria en junio próximo y otra en 2027.
Esta reforma ha generado una fuerte oposición, con críticos que la acusan de ser un intento de control del Poder Judicial, el último bastión independiente capaz de frenar reformas constitucionales por parte del partido en el poder. La preocupación no se limita a México; los gobiernos de Estados Unidos y Canadá también han expresado inquietudes sobre las implicaciones de la reforma.
El próximo paso en este proceso será el análisis y la votación de la reforma en los Congresos estatales. Si obtiene el respaldo necesario, la propuesta regresará al Poder Ejecutivo para su promulgación como ley.
Fuente: El Financiero
