Lorena Cortés

La inseguridad ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un desafío global, la delincuencia organizada evolucionó hacia un multicrimen transnacional que abarca varias actividades ilegales. Esta diversificación rompe las fronteras convencionales y multiplica la complejidad de la respuesta.

Para enfrentar esta tendencia criminal, Hugo Acero, reconocido especialista en seguridad, señala que el problema no son los delincuentes, el desafío real no es la cantidad de criminales, sino el gobierno de la seguridad: el liderazgo y las habilidades de nuestros gobernantes para diseñar estrategias claras y contundentes de un fenómeno cada vez más sofisticado y ganando terreno.

En El Salvador, Nayib Bukele demostró que un liderazgo firme puede traducirse en fuertes reducciones de delitos, la violencia letal en particular, pero lo hizo al costa del  debido proceso y la presunción de inocencia, pilares esenciales de cualquier sistema de justicia. México, en cambio, cuenta con contrapesos institucionales más sólidos que resguardan esos principios. Sin embargo, lo que necesitamos sin duda son  liderazgos  igual de contundentes para recuperar de verdad el monopolio legítimo de la fuerza

Hoy somos testigos del ascenso de un multicrimen trasnacional que germinó en un terreno abonado por la impunidad, la corrupción y la improvisación institucional. En ese caldo de cultivo, floreció una gobernanza criminal: redes de complicidad que, al erigirse como una autoridad paralela, cobran “impuestos” lo mismo a comerciantes que agricultores y administran su propia “justicia” y hasta ofrecen hasta “servicios comunitarios”.

Esa fusión entre cárteles y ciertos agentes del Estado ha dado lugar a la llamada “Pax Narca”, una tregua sostenida únicamente por intereses criminales y que no es más que una tensa calma: tan frágil como atentar contra los beneficios de la organización que domina cada territorio. Cuando esos pactos se resquebrajan, el costo es altísimo: no solo vidas de ciudadanos comunes, sino también de policías municipales y hasta de alcaldes y alcaldesas.

Guillermo Trejo y Sandra Ley (2022), en Votos, Drogas y Violencia, documentan cómo la cooptación de autoridades y los pactos locales configuran un “duopolio de poder” que trasciende administraciones y consolida la impunidad. En este juego de poder paralelo, un solo disparo puede restablecer el statu quo delictivo, cobrando la vida de quienes deberían protegernos.

El problama no son los delinuentes, en si mismos, el desafío hoy es la gobernanza criminal generalizada producto de  redes de complicidad, el desafío es reinstaurar la primacía del Estado de derecho desde lo municipal y demostrar que el monopolio de la fuerza es inherente al Estado, no a las armas de los criminales.