Mirador Ambiental

El derecho humano al agua fue reconocido el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y poco menos de 2 años después este derecho quedó establecido en nuestra Constitución Política, para ser exactos el 28 de julio de 2012.

El contexto social y económico para que esto ocurriera fue la profunda crisis que las naciones enfrentaban y siguen enfrentando por el acceso al agua de las personas, la contaminación creciente de éstas y su acaparamiento por entidades económicas para alimentar sus procesos productivos.

A 14 años de que este derecho se estableciera en nuestra carta magna el problema, sin embargo, se ha venido agravando. El gobierno federal reconoce en su Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que más de 35 millones de mexicanos no tienen acceso suficiente y de calidad al agua; que existe un evidente uso ilegal de aguas; que 114 de las 757 cuencas ya tienen problemas de disponibilidad; o que se ha registrado una disminución de más del 30% per capita de agua en los últimos años.

En el caso de Michoacán, no obstante, la posición geográfica y disponibilidad aún de vida natural, que posibilita precipitaciones lluviosas, escurrimientos y cierta recarga de mantos freáticos, no es para nada ajeno a esta cruenta crisis hídrica, agravada por el cambio climático.

El crecimiento caótico de cultivos altamente demandantes de agua, el nulo incremento de infraestructura hídrica pública, la ausencia de regulaciones eficientes que privilegien el derecho humano de las personas y la omisión de las leyes vigentes en la materia han generado y seguirán ocasionando carencias hídricas y por ello tensiones sociales y exigencias a las entidades gubernamentales.

Preocupa que para 2025 Michoacán no esté considerado para los programas de infraestructura hídrica prioritarias ni para la tecnificación del campo que podrían ayudar a mitigar nuestra crisis hídrica. Proyectos previstos en este año 2024 han sido eliminados para el 2025. Y más preocupante es el panorama operativo para las entidades regulatorias con la disminución de más del 40% del presupuesto a la Comisión Nacional del Agua.

Michoacán necesitará, entonces, para el próximo período de sequía una participación gubernamental y social de gran eficacia para prevenir los conflictos que ya han venido emergiendo en los últimos años y generar estrategias basadas en la participación social que permitan corregir lo que está fuera de derecho y garantizar el acceso al agua de las personas durante ese período, es decir, hacer valer el derecho humano al agua de todos.

En las dos últimas semanas, a raíz de este caos que no se ha corregido en materia legal-regulatoria sobre los usos de agua, en Madero los pobladores han tenido que salir a exigir que se detenga la perforación de pozos para uso agrícola que Conagua ha autorizado en el último año.

Pobladores de El Zangarro, Ziparapio, Etúcuaro y otras localidades que conforman comités de defensa ambiental han sido puntuales en la exigencia para que se cancelen esos permisos. Consideran un contrasentido que por un lado Conagua, en el mes de mayo, recogiera casi un centenar de bombas en los causes de los ríos por la sequía total del río Curucupatzeo-Carácuaro, y por el otro autorice nuevos pozos, pero no para consumo humano sino para regar huertas aguacateras.

Resulta insólito e imprudente que en una microcuenca que a todas luces ya ha sido agotada por la construcción de más de 870 hoyas (de abril a la fecha se han construido casi 20 más) y el saqueo de arroyos y escurrimientos serranos para abastecer el riego de plantaciones aguacateras y de frutillas, Conagua haya autorizado 4 concesiones más de agua.

Una de estas autorizaciones con número 841450 beneficia a una huerta aguacatera denunciada por cambio de uso de suelo y tiene a tan solo 550 m una extensa hoya captadora de agua.

Un par de pozos más fueron autorizados a una distancia, uno de otro, de tan solo 423 m y en la periferia de 500 metros existen 12 hoyas concentradoras.

El otro pozo tiene en el mismo predio dos hoyas recolectoras de escurrimientos. Ninguna de estas concesiones ha sido otorgada para el consumo humano. En compensación, o por justicia, Conagua no ha proyectado siquiera la construcción de una represa pública que recoja agua de lluvias para abastecer los hogares o las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales y que representan los ingresos de la población.

Los siguientes datos, tomados del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua, evidencian criterios preferentes para que los aguacateros y frutilleros accedan al agua antes que los pobladores.

Del 2010 a este 2024 Conagua autorizó 15 pozos para uso agrícola, pero para consumo humano o público urbano, ninguno. En este mismo período de 14 años autorizó 9 aprovechamientos de aguas superficiales para uso agrícola, pero tampoco ninguno para consumo humano.

El agua en Madero, como en la mayoría de los municipios michoacanos, realmente está privatizada y a ello ha contribuido la Conagua con autorizaciones que contravienen el artículo 4° constitucional, y ahora también contravienen el Plan Nacional Hídrico de la presidente Sheinbaum.

Esta problemática fue planteada en el pleno del Consejo Estatal de Ecología (COEECO) y dialogada con las autoridades estatales del ramo para generar en coordinación con los municipios de Carácuaro y Nocupétaro, también afectados por estas malas prácticas, acciones que eviten, de una vez por todas, la privatización de las aguas nacionales y el agua llegue como lo mandata la Constitución, a todas las personas de los tres municipios.

Ya no sorprende que Conagua se haya convertido en el instrumento de aguacateros y frutilleros para apoderarse del agua de estos tres municipios y les esté otorgando la justificación legal para seguirlo haciendo mientras se viola el derecho humano al agua de la gente. Este modelo de operación insostenible y de elevado riesgo para la paz social y la gobernabilidad.

El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 debe atender con urgencia esta realidad y reencausar la operación legal de la Conagua para que se apegue a la Constitución y deje de ser instrumento de las corporaciones económicas y cancele todos los permisos que no son ni sostenibles ni sustentables en el largo plazo.

*El autor es experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología