En un nuevo episodio de lo que Washington llama su campaña contra el narcotráfico marítimo, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, en el que dos personas perdieron la vida. Las autoridades militares aseguran que la lancha atacada, identificada como parte de una red de tráfico de drogas, fue alcanzada por misiles, aunque no han publicado evidencia pública que respalde esas acusaciones.

Según cifras oficiales, este operativo marca la trigésima acción conocida de las fuerzas estadounidenses contra barcos que, según el gobierno de Washington, estarían implicados en el trasiego de estupefacientes desde América Latina hacia los mercados del norte; desde que comenzó esta estrategia ofensiva en septiembre pasado, al menos 107 personas han muerto en distintos bombardeos similares.

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Un video divulgado en redes sociales por el propio Comando Sur muestra una embarcación moviéndose antes de ser golpeada por dos explosiones. El Pentágono sostiene que no hubo bajas entre sus fuerzas, y que los ataques forman parte de un esfuerzo por “interrumpir las rutas de narcotráfico en alta mar”, en el marco de una misión que también ha incluido despliegues de buques y aeronaves en zonas clave del Pacífico y el Caribe. 

La administración del presidente Donald Trump ha calificado a ciertos grupos del crimen organizado como “organizaciones terroristas” y sostiene que estos operativos son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos; sin embargo, expertos legales y defensores de derechos humanos han cuestionado la legalidad y la transparencia de estas acciones, señalando la falta de pruebas públicas y las posibles violaciones al derecho internacional.

Este tipo de operaciones se han convertido en una pieza central de la estrategia estadounidense en la región, al tiempo que generan tensiones diplomáticas con gobiernos latinoamericanos que han expresado preocupación por la soberanía marítima y la justicia de emplear fuerza letal en aguas internacionales sin procesos judiciales claros. 

Fuente: La Jornada