Después de que en días pasados se suscitara una protesta por parte de los propietarios ejidatarios para que el gobierno estatal cumpliera con un pliego petitorio acordado, se aclaró que dicha petición jurídicamente inviable

Morelia, Michoacán; a 16 de agosto de 2026.-El titular de la Secretaría de Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que los dueños de terrenos ubicados junto al Ramal Camelinas buscan la modificación del uso de suelo con el objetivo de urbanizar la zona, esto después de diversas manifestaciones suscitadas en la zona del Ramón Camelinas y Altozano.

Tras las manifestaciones realizadas por los propietarios, quienes principalmente exigen al gobierno estatal el cumplimiento de un acuerdo establecido desde la construcción de dicha vialidad, el funcionario estatal aclaró que esta solicitud no es procedente jurídicamente, ya que tanto la Loma de Santa María como la Cuenca del Río Chiquito están reconocidas como áreas naturales protegidas por las autoridades estatal y federal.

“No se trata de comuneros, sino de nueve particulares. No existen predios ejidales destinados para derecho de vía, lo que hay son propiedades privadas. Lo que buscan es cambiar el uso de suelo para fraccionar la zona, pero este tema debe manejarse con cautela porque colinda con espacios de gran valor ambiental”.

El secretario añadió que, antes de que los manifestantes bloquearan la vialidad, se les ofreció instalar una mesa de trabajo para revisar si existían compromisos pendientes por parte del gobierno estatal, siempre y cuando liberaran el paso. Sin embargo, la propuesta fue totalmente rechazada.

“Lo que ofrecí fue poder habilitar una mesa para revisar si había algún pendiente del gobierno del Estado con ellos. En ese momento no me indicaron que hubiera alguno, y pedimos que para habilitar dicha mesa se liberara la vialidad, pero no aceptaron”.

Zarazúa Sánchez detalló que el pasado 12 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión entre la dependencia y los nueve propietarios, con el fin de entablar un diálogo que permita encontrar alternativas dentro del marco legal. Una de las opciones planteadas por el estado es destinar los predios a proyectos de ecoturismo, que generen beneficios económicos sin poner en riesgo el equilibrio ambiental de la zona.