Javier Favela / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El Congreso ordenó disolver la actual cúpula del Poder Judicial de Michoacán a través de la elección de jueces y magistrados.

Todas las magistraturas y el 50% de los juzgados del fuero común serán renovados el primer domingo de junio de 2025, lo que implicará desmantelar las actuales estructuras de poder y los grupos de influencia al interior de los tribunales del fuero común.

Al decretar como "notoriamente improcedentes" las suspensiones de amparo contra la reforma al Poder Judicial, en maratónica sesión pública, el pleno del Congreso programó la disolución de la élite tradicional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Según la reforma aprobada por 30 legisladores, dentro de 8 meses los michoacanos elegirán en las urnas a los juzgadores locales.

Los aspirantes a cargos judiciales no podrán hacer precampaña electoral. Los tres poderes del Estado armarán listas oficiales de candidatos judiciales para entregarlas al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a más tardar el 12 de febrero del próximo año.

Los candidatos preseleccionados podrán hacer campaña durante 45 días con prohibición total de recibir financiamiento público y privado. Tampoco podrán comprar pautas publicitarias en radio y televisión. Sí podrán acudir a foros de debates organizados gratuitamente en condiciones de equidad, y aparecer en spots de los medios electrónicos en los tiempos oficiales del Estado.

Con base en la iniciativa del gobernador, el Congreso creó salas colegiadas del Supremo Tribunal en las regiones de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora para atender asuntos civiles, mercantiles, laborales y familiares de segunda instancia.

Además, el Congreso ordenó extinguir el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, fijando tres meses para remitir los millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del Estado.

"Es una reforma para democratizar al Poder Judicial", sostuvieron al unísono los legisladores de la 4t. "No vamos a permitir chantajes", advirtió Juan Pablo Celis, presidente estatal de Morena, ante los crecientes movimientos de protesta contra la reforma judicial.

Según los legisladores de Morena, PT y PVEM, la reforma judicial garantiza los derechos laborales del personal del Poder Judicial, al tiempo que fortalece la carrera judicial para que los escribientes y secretarios de acuerdo ahora sí tengan crecimiento profesional.

A nombre del PAN, el diputado Janitzio Chávez afirmó que la reforma sujeta las sentencias a intereses políticos y partidistas.

En tanto, Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso y lideresa parlamentaria de Morena, celebró que Michoacán haya sido en el primer estado del país en armonizar la reforma federal para democratizar al sistema de justicia local. Y expresó su repudio a los amparos "inconstitucionales" enfocados en frenar una reforma pensada -dijo en la tribuna- para garantizar una justicia imparcial, transparente y cercana al pueblo.

Según el decreto aprobado por mayoría calificada, el Congreso lanzará en breve la convocatoria para integrar los listados oficiales de candidatos a cargos judiciales, con insaculación pública para escoger a 75 de los 150 jueces que serán renovados en el 2025.

Los aspirantes a jueces y magistrados deberán tener título de licenciado en derecho con promedio general mínimo de 8 calificación, así como 3 años de práctica profesional, redactar un ensayo de 3 cuartillas y conseguir 5 cartas de sus vecinos o amigos.

La reforma judicial abre la posibilidad de lanzar candidaturas de unidad o simultáneas, pasando por el filtro de los criterios adicionales que impondrá un Comité Estatal de Evaluación. El proceso electivo del Poder Judicial estará a cargo del IEM.

Los próximos magistrados y jueces locales serán electos por única ocasión por un período de 8 años para empatar fechas futuras.

Quedará también extinto el actual Consejo de la Judicatura en septiembre del 2025, dando paso a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración judicial.

En la tribuna parlamentaria, la diputada panista Vanesa Caratachea advirtió que no hay condiciones de seguridad en Michoacán para llevar a cabo una elección judicial de tal magnitud, pues en muchos municipios es prácticamente imposible realizar actos de campaña.

Anticipó que la reforma convertirá al Poder Judicial en un títere de intereses externos con un órgano disciplinario influenciado por los poderes fácticos. No descartó que los próximos magistrados, por lapsos de 9 años, pudiendo ser reelectos, se perpetúen en el poder. Vislumbró que las candidaturas simultáneas (de unidad) encumbrarán a jueces a modo. Cuestionó que los magistrados lleguen con un ensayo de 3 cuartillas y el respaldo de 5 vecinos, tras eliminarse el requisito de 10 años. “¿Esa es su carrera judicial?”

Caratachea alertó a sus compañeros diputados que la reforma judicial podría generar un efecto búmeran entre ellos mismos, si en el futuro entablan litigios donde estén en juego la libertad, las pensiones alimenticias, la tutela de los hijos en un divorcio, la presunción de inocencia, derechos laborales o la patria potestad.

La morenista Emma Rivera Camacho tronó contra el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias en los tribunales del fuero común. Describió cómo los juzgadores meten a trabajar a hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos y cuñados. Y sentenció que el Poder Judicial sirve a los poderes fácticos con intereses económicos.

DESACATO A JUECES

“Hay un desprecio absoluto por el orden legal que juramos respetar como diputados”, exhibió Santiago Sánchez, legislador del PRI, quien reclamó el desacato a las suspensiones de amparo.

La panista Vanesa Caratachea advirtió que el desacato judicial acarrearía sanciones para los diputados, que pueden ser penales o pecuniarias, incluso la inhabilitación. Sin embargo, los legisladores de la 4t se mostraron desdeñosos con las órdenes de los tribunales.

“No nos mueve la venganza”, afirmó la morenista Emma Rivera, después de arremeter contra los “actos injerencistas” mediante “amparos indebidos” para frenar la reforma de homologación.