Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general la reglamentación de la primera elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con 336 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, la propuesta ya ratificada por el Senado se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posterior entrada en vigencia.

Las reglas, emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de octubre, complementan la reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador, en vigencia desde el pasado 16 de septiembre.

La elección, programada para el 1 de junio de 2025, seleccionará a la mitad de los jueces federales, algunos estatales, vacantes del Tribunal Electoral y todos los ministros de la SCJN​

No obstante, antes de llegar a la elección de impartidores de justicia, las leyes aprobadas por la mayoría oficialista, encabezada por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indican que el Senado emitirá una convocatoria dirigida a los tres Poderes de la Unión, es decir, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Estos poderes deberán de conformar Comités de Evaluación encargados de revisar los perfiles a más tardar el 31 de octubre, a fin de emitir convocatorias, y los interesados se postulen entre el 5 y 24 de noviembre próximos.

Agotado el periodo, los Comités definirán los mejores perfiles hasta al 31 de enero y remitirán los listados a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión, siendo el 4 de febrero de 2025 el último día.

Cada uno de los tres Poderes deberá revisar los listados y una vez aprobados, los perfiles propuestos serán sometidos a una insaculación pública que deberá depurar el grueso de los candidatos para cada cargo antes del 6 de febrero de 2025.

Estos perfiles también deberán ser sometidos a aprobación de los Poderes de la Unión y remitidos al Senado antes del 8 de febrero de 2025, para luego enviarlos al Instituto Nacional Electoral (INE), organizador de la elección, a más tardar el 12 de febrero de 2025.

La oposición en la Cámara baja del Congreso mexicano criticó el mecanismo avalado por la mayoría, ya que acusó «atenta contra la independencia judicial y permite la llegada de impartidores de justicia afines a la actual Administración» de la presidenta Sheinbaum.

Por su parte, el oficialismo defendió que este proceso es un paso hacia una mayor transparencia y la democracia, mientras integrantes del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados, han definido continuar con un paro de sus actividades que lleva desde el 19 de agosto, en un hecho sin precedentes.