• Participan, en la discusión en lo general del dictamen, representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, en tres rondas de participaciones, externaron sus posturas a favor del dictamen que reforma los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, en materia de programas de bienestar, durante la discusión en lo general de este proyecto de decreto.

Primera ronda

El diputado Gabino Morales Mendoza (Morena) mencionó que la reforma busca dejar consagrado en la Constitución como derechos sociales y fundamentales de las y los mexicanos, los programas del bienestar como una urgente medida para reconstruir el país, levantar la moral pública, pacificar la vida comunitaria y devolver la dignidad a la ciudadanía, pues de acuerdo con el Inegi, entre el 2018 y 2022, alrededor de 5.1 millones de personas dejaron la pobreza debido a los apoyos sociales.

Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada del PAN, aseguró que los programas sociales han sido una herramienta para aliviar las necesidades de las familias más vulnerables, pero es esencial que se eleve a rango constitucional para garantizar su continuidad y mejorar la vida de quienes más lo necesitan. “No solo es un marco legal más sólido, sino que asegura su permanencia lejos de coyunturas políticas. Necesitamos que se garantice eficiencia, equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Por el PVEM, el diputado José Braña Mojica dijo estar a favor de acciones legislativas que mejoren la calidad de vida de los grupos vulnerables; por ello, su lucha será permanente, sin cuartel y sin dejar de lado la justicia cotidiana y los derechos humanos.

La diputada Alma Manuela Higuera Esquer (Morena) precisó que hoy México es un país distinto en el que las políticas públicas garantizan el derecho y la inclusión, al permitir que todas las personas y grupos que históricamente fueron olvidados cuenten con una vida mejor. La reforma del artículo 4º habla de regresarle la dignidad a las personas adultas mayores y la tranquilidad a las familias que tienen un familiar con alguna discapacidad, así como a las madres y padres al saber que el Estado responderá con humanismo a sus hijos e hijas.

Al fijar su postura, el diputado Juan Armando Ruiz Hernández (MC) comentó que el dictamen beneficia a ciertos sectores de la población, entre ellos a las personas con discapacidad, y establece la obligación de darles rehabilitación, preferentemente a menores de 18 años, y también beneficiará a las personas adultas mayores y a los jornaleros, por lo que mi bancada votará a favor.

Del PT, la diputada Olga Lidia Herrera Natividad expuso que el dictamen refuerza los derechos fundamentales de millones de personas, consolidando una política social que ha sido el pilar de un gobierno que ha puesto al centro a quienes menos tienen. Con estos programas más de 13 millones de personas adultas mayores reciben una pensión digna, dijo.

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) puntualizó que los programas de bienestar son bien orientados, pero no es permisible que se usen con fines partidistas y electorales. Esas estrategias son buenas, pero deben ser con transparencia, fiscalización y mecanismos de control, para que sirvan a la gente, no a un partido político. “Respaldamos todas las propuestas que sean de beneficio para las familias mexicanas”.

La diputada de Morena, Mónica Herrera Villavicencio, se congratuló porque esta reforma la acompaña la oposición, toda vez que las adecuaciones son progresivas en materia de derechos sociales y humanos. La modificación al artículo 4° constitucional garantiza el derecho de las personas con discapacidad a que se beneficie con apoyos sociales y favorezca a los que menos tienen y brinda la justicia que no había llegado antes.

Jesús Fernando García Hernández, diputado del PT, resaltó que debe ser prioritaria la justicia social y la redistribución de la riqueza, así como regresarle al pueblo lo que le pertenece, pues es inaceptable que quienes sostienen a la economía con su esfuerzo diario sean olvidados. “La reforma debe traducirse en acciones efectivas y concretas que aseguren fertilizantes gratuitos, apoyo a pequeños pescadores y precios de garantía. La unidad nacional debe traducirse en acción y compromiso real con el pueblo”.

Del PRI, la diputada Verónica Martínez García mencionó que la reforma garantiza bienestar a quienes más lo necesitan, pero es urgente atender pendientes para asegurar el derecho a la salud, el abasto de medicamentos, que mujeres jefas de familia tengan apoyos directos y generar políticas públicas para la creación de estancias infantiles.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) se manifestó a favor de la reforma constitucional porque pone en el centro de la política a las personas, pero aclaró que los programas sociales llegaron desde hace años. “La política social no puede tener como único eje la transferencia directa sin condición alguna porque pone en riesgo a todos los beneficiarios de ser manipulados y no promueve la libertad sino la dependencia del gobierno”.

Montserrat Ruiz Páez, diputada de Morena, indicó que los cambios constitucionales garantizan el derecho de que las pensiones lleguen a un mayor número de ciudadanos que mejorarán su vida y promoverán su integración a la sociedad. Llamó a consolidar las reformas para que presupuestalmente se hagan efectivas, a través de la correcta administración y distribución de los recursos públicos, así como de la eliminación de la corrupción y de los gastos sin sentido.

Segunda ronda

La diputada Haidyd Arreola López (Morena) comentó que bienestar es la palabra clave de esta nueva etapa de gobierno. El apoyo que se brinda a las personas que más lo necesitan, hoy en día, deben sean elevados a rango constitucional como derechos. “Es deber de todas y todos nosotros velar por garantizarlos. Estar en contra de la reforma es estar en contra de todo el pueblo mexicano”.

Por el PAN, la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora propuso la universalización de las pensiones no contributivas, y aseguró que todas las personas con discapacidad y adultas mayores, a partir de los 60 años, reciban ese apoyo, priorizando a quienes viven en zonas de alta marginación. Consideró que se requiere de una gestión más eficiente que realmente fortalezca a los pequeños productores intensificando la tecnificación y el acceso a los mercados.

Ernesto Núñez Aguilar, diputado del PVEM, destacó la importancia de los programas sociales enfocados a las personas con discapacidad. Reconoció que, aunque la reforma constituye un gran avance, aún hay retos en este rubro, pues la beca les será de gran apoyo para sobrevivir, pero requieren estancias para personas en esta condición que viven en la calle, infraestructura, incentivos fiscales para quienes las contraten y políticas públicas desde todas las trincheras para facilitarles la vida y que pueden vivir dignamente.

A su vez, el diputado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra (Morena) aplaudió el diálogo constructivo que se da en el Pleno, pues todas y todos están a favor del bienestar y de llevar los beneficios sociales hasta la última comunidad del país. Relató que en 2018 no nacieron los programas sociales, ya que cada gobierno los ha interpretado a su manera, pero con esta reforma se plasman en la Constitución.

De MC, el diputado Gildardo Pérez Gabino propuso blindar los programas sociales del uso político electoral y clientelar, a efecto de dejar sin efecto las malas prácticas que han servido como estrategias de control de la democracia. “Hay que generar acciones que empoderen a la ciudadanía. Los programas sociales son derechos, no dádivas. Estos derechos constitucionales son un triunfo de la República, de México y de todas y todos”.

El diputado del PT, José Alejandro López Sánchez destacó que hoy, con la aprobación de esta reforma, el Estado dejará de tener programas y los convertirá en derechos. “Votamos a favor porque se dan pasos importantes para generar un nuevo Estado. Se está construyendo un nuevo paradigma en el sentido de que los cambios se dan por la vía parlamentaria”.

Víctor Manuel Pérez Díaz, diputado del PAN, mencionó que la reforma amplía los incentivos económicos a campesinos, pescadores y personas adultas mayores, pero lo ideal es que todos estos millones de mexicanos tengan la seguridad de que el apoyo sea permanente, transparente y no se lucre con la buena voluntad ni con el recurso económico, por lo que los programas deben tener una estricta observancia en su operación.

La diputada Marcela Velázquez Vázquez (Morena) recordó que en 2018 “se decía que la pensión para personas adultas mayores llevaría al fracaso al país y hoy se tiene a este sector de la población con una vida digna. Antes, los programas sociales existían solo para unos cuantos y el pueblo estaba carente, pero hoy esos beneficios llegan a muchas personas como un deber de justicia social”.

Con la aprobación de esta reforma, mencionó el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), las personas adultas mayores tendrán derecho constitucional a recibir pensión universal desde los 65 y que año con año el presupuesto para la atención de los mismos sea mayor y no menor. “En los seis años de la Cuarta Transformación disminuyó la desigualdad, el presupuesto se distribuye ampliamente y a los hogares les llega por lo menos un programa social”.

Del PRI, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) pidió mandar una señal a México de que se tiene altura de miras y se pueden poner de acuerdo; sin embargo, se deben hacer los programas sociales más efectivos, eficientes y transparentes. “A pesar de que se ha avanzado en éstos, en los últimos seis años la pobreza extrema creció, pues 50 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud y muchos jóvenes no tienen posibilidad de contar con una vivienda”.

Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, señaló que extender la atención a personas con discapacidad permanente y a adultas mayores de 65 años es positivo, pero insuficiente, pues se requiere una política integral que haga efectivo el ejercicio de todos sus derechos, para no seguir profundizando las brechas con la sociedad. “Una pensión como la propuesta no será suficiente para todas sus necesidades; se deja en indefensión a quienes tienen discapacidad temporal y severa, cuya inclusión es relevante porque no pueden ejercer su derecho a trabajar y percibir un ingreso”.

La diputada Josefina Anaya Martínez (Morena) indicó que al elevar este derecho a rango constitucional se logra beneficiar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores, “quienes en administraciones pasadas no fueron sujetos de derechos, por lo que con estas adecuaciones se les otorgará un apoyo económico que contribuye a mejorar su calidad de vida y desarrollo personal”.

Tercera ronda

La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (Morena) calificó este día como histórico y dijo que la reforma es un paso firme hacia un México más justo, equitativo y comprometido con el bienestar de quien más lo necesita. “La reforma continuará transformando la vida de millones de mexicanas y mexicanos y consolida la visión del país, donde la justicia social sea una realidad palpable para las personas con discapacidad y adultas mayores. Es un acto de justicia social y un derecho que ellos merecen”.

Por el PAN, el diputado Asael Hernández Cerón mencionó que hablar de bienestar y política humanista es referirse al desarrollo integral, equitativo y bien común, y ese debe estar sobre cualquier interés de partido o grupo político. “Estamos en contra de políticas viejas y rancias que se usan de forma clientelar para controlar al pueblo y preservar el poder”.

Fátima Almendra Cruz Peláez, diputada del PVEM, destacó que la reforma reduce la edad para que las personas adultas mayores puedan acceder a un apoyo económico. “Hoy se tiene la oportunidad de seguir cambiando el destino de miles, de millones de mexicanos que a diario enfrentan dificultades sin los recursos necesarios para sobrellevar su vejez con dignidad. El beneficio no solo será para los adultos mayores sino también para campesinos y personas con discapacidad”.

La diputada Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena) externó que las reformas son un reconocimiento al trabajo de las y los mexicanos que todos los días contribuyen a la grandeza del país y se cumple el compromiso para apoyar a los más necesitados; asegura que las personas con discapacidad permanente menores de 18 años tengan garantizada su rehabilitación y sus aparatos, y refuerza el apoyo a los pequeños productores del campo y pescadores.

De MC, la diputada Patricia Mercado Castro señaló que el recurso para las personas con discapacidad es un derecho que se va a garantizar a nivel constitucional, pues esa población representa el siete por ciento, es decir alrededor de 6 millones 180 mil mexicanas y mexicanos, y en promedio uno de cada cuatro hogares tiene un integrante con discapacidad, por lo que serán millones de personas las que se verán beneficiadas.

El diputado Wblester Santiago Pineda (PT) afirmó que con esta aprobación se realiza un verdadero acto de justicia social, pues se blindan constitucionalmente los programas sociales que reivindican la dignidad, el orgullo y bienestar de las familias más desfavorecidas, y se establecerá la obligación del Estado de poner precios de garantía a productos como el maíz, frijol, leche y trigo, lo que es una política de protección a los pequeños productores y un camino a la soberanía alimentaria.

Julia Licet Jiménez Angulo, diputada del PAN, indicó que elevar a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad y adultas mayores a partir de los 65 años, marca una diferencia real en la vida de miles de ciudadanos. Planteó universalizar el beneficio a quienes padecen una discapacidad temporal, “porque con la reforma acotada seguirán quedando de lado en la pensión y el derecho constitucional a la habilitación y la rehabilitación”.

La diputada de Morena, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, expuso que la reforma es el reflejo de un México que respeta, honra y cuida a aquellos que han construido la nación y enfrentan mayores barreras para su desarrollo personal y profesional, pues contribuye a mejorar el ingreso monetario en los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Al fijar su postura, la diputada Rosalía León Rosas (PT) se congratuló porque los cambios a la Constitución garantizan la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente menores de 65 años, que los adultos mayores sigan disfrutando de una vida plena, independientes y autónoma con la pensión que favorece su empoderamiento como sujetos de derecho humanos, y que se den apoyos a campesinos y pescadores, así como establecer precios de garantía.

La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) puntualizó que con la reforma México se acerca a una política social más igualitaria, con mayores oportunidades y justicia social. Llamó a las autoridades y a la administración federal para que los programas se apliquen sin distinción para la gente que más lo necesita, y que las acciones no se atribuyan a ninguna fuerza política “porque en este logro se coincidió con la voluntad de diversas fuerzas políticas”.

Por el PAN, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá dijo que al aprobar una reforma de este calado se van a tener que establecer las garantías para su cumplimiento, porque “por decreto no vamos a terminar con la problemática que hoy aqueja a la población. Si no se tienen los controles para su medición, cómo se va a saber si está impactando de manera adecuada y qué presupuesto requiere”.

Betzabé Martínez Arango, diputada de Morena, comentó que con esta reforma se asegura una pensión no contributiva por parte del Estado a todas las personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años, reduce la edad de los adultos mayores de 68 a 65 años para recibir una pensión, y otorga un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos, siempre y cuando cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies procesadas.