La Diócesis de San Cristóbal expone sobre la grave crisis humanitaria y de violencia que se registran en Chiapas por grupos armados.

Chiapas.-Durante una entrevista en “Aristegui en Vivo”, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado urgente a las autoridades federales para que reconozcan y aborden la crisis de violencia que azota a las regiones de la sierra, frontera y Altos de Chiapas.

Monseñor Aguilar Martínez subrayó la necesidad de enfrentar los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos perpetrados por el crimen organizado en la zona.

Además, manifestó su preocupación por la creciente violencia y la crisis de desplazamiento que afecta a las comunidades chiapanecas, las cuales reciben apoyo limitado de la comunidad católica y otros habitantes, debido a la notable ausencia de autoridades.

“Reconocemos y agradecemos a los agentes de animación y coordinación pastoral que han asumido con mucha responsabilidad el dolor del pueblo y los están acompañando”, declaró Monseñor Aguilar, haciendo referencia a las comunidades en la Sierra que se encuentran en los límites de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, y la Arquidiócesis de Tuxtla.

El obispo resaltó la “actitud samaritana de comunidades que han acogido a familias desplazadas y, desde su pobreza, les comparten el alimento”, enfatizando la severidad de la situación que obliga a muchas personas a huir “con riesgo de perder la vida” desde sus comunidades.

También hizo un llamado a la sociedad para sensibilizarse ante el dolor que viven estos desplazados y agradeció a quienes “ofrecen distintas formas de ayuda, ya sea asistencia o alimento, a quienes han tenido que desplazarse de sus lugares de vida ordinaria”.

En cuanto a la posibilidad de que la Iglesia facilite un diálogo entre las autoridades y los grupos criminales, Monseñor Aguilar indicó que hasta ahora solo han iniciado conversaciones con las instituciones estatales para que estas reconozcan y atiendan la situación.

“Los agentes de pastoral en las parroquias, muy sensibles a la situación, están ayudando. No podemos minimizar, mucho menos negar los hechos, y pues que se nos escuche, que sí está habiendo muchos heridos, muchos muertos”.

Por su parte, Gloria Estela Murúa, coordinadora de la Pastoral Social y Movilidad Humana de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, denunció la situación que enfrentan las comunidades fronterizas desde Panamá, donde asistía al décimo encuentro de obispos y agentes de pastoral migratoria. Murúa destacó que la redacción de una carta reciente, firmada por Obispos de Chiapas y Guatemala, es parte del esfuerzo por visibilizar y reclamar atención para la zona.

“Las circunstancias que están viviendo nuestros hermanos, específicamente donde se están dando los enfrentamientos, son graves. Estamos presenciando la muerte de hermanos y hermanas, no estamos de acuerdo con las muertes tan injustas que están padeciendo nuestros pueblos”.

Murúa mencionó que los enfrentamientos entre grupos armados han resultado en “la muerte de hermanos y hermanas” y advirtió sobre la gravedad de la situación que ha obligado a la Iglesia a “hacer pública” su condena.

“Lamentablemente, el acercamiento ha sido mínimo, hay una negación de los hechos y de las personas que están siendo masacradas”, lamentó, destacando la falta de atención y reconocimiento de la violencia por parte de las autoridades.

Advirtió que ante la inacción de las autoridades, se anticipa una posible expansión de la violencia hacia otras comunidades y parroquias si no se visibiliza la situación.

“Creo yo que las instituciones de gobierno tienen una deuda con todo este pueblo fronterizo”, afirmó Murúa, quien también resaltó la extrema vulnerabilidad de las comunidades afectadas, muchas de las cuales han visto a sus jóvenes ser forzados a unirse a los grupos criminales.

“Están perdiendo además sus propiedades, están perdiendo sus modos de vida, los están levantando, los sacan con violencia de sus casas para armarlos, para llevarlos a cuidar las barricadas”, explicó, añadiendo que muchos de estos jóvenes han sido asesinados o desaparecidos.

Murúa mencionó que en 2024 se ha observado un incremento en los desplazamientos hacia la ciudad de Comitán, donde se ha desplegado ayuda humanitaria gracias a las parroquias locales. Sin embargo, advirtió que estas parroquias también están “empobrecidas” y temen que la violencia se extienda aún más.

“Sentimos que esta barbarie sigue avanzando, sigue creciendo, sigue extendiendo sus raíces y puede cobrar la vida de más y más comunidades”.

Monseñor Rodrigo Aguilar y Gloria Estela Murúa, religiosos, coincidieron en la necesidad de que las autoridades atiendan la crisis humanitaria en la región y de visibilizar el sufrimiento de las comunidades afectadas por la violencia de los grupos criminales.