Expolicías de Morelia denuncian difamación y falta de pagos tras ceses injustificados. Buscan justicia y reparación de daños.
Morelia, Michoacán.-Policías municipales de Morelia que fueron cesados entre 2015 y 2021 denuncian haber sido despedidos sin pruebas, sin derecho a réplica y con procedimientos viciados, además, sin pagos, pese a que varios expolicías ya ganaron sus juicios ante el Tribunal en Materia de Anticorrupción y Administrativa del Estado.
A través de su abogado, Oscar Lemus de la Torre, reclaman justicia y respeto a su dignidad, luego de haber sido señalados públicamente como responsables de actos graves sin una resolución firme que lo acredite, aunque la autoridad hizo públicos
En entrevista con Contramuro, el abogado Lemus de la Torre, representante legal de 29 de los más de 30 elementos que han presentado demandas, afirmó que todos sus clientes obtuvieron sentencias favorables, tanto por violaciones al procedimiento como por falta de pruebas.
“Ninguno incurrió en lo que se les imputa. Todos los procedimientos quedaron anulados”, reclamó, en réplica a una nota informativa publicada por Contramuro.
Con base en un documento oficial de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana CMSC-DA/109/2025 se afirma que ya se han pagado 4 millones 063 mil 693 pesos en laudos, y se señala a los expolicías de haber incurrido en faltas graves, que, a decir se Lemus de la Torre, les fueron fabricados.
Entre los casos mencionados destaca el de Hugo, quien fue despedido por quedarse dormido a las 3 de la madrugada en una patrulla tras trabajar 12 días consecutivos.
La versión oficial indicaba que se encontraba en aparente estado de ebriedad, pero “nunca fue certificado, y el argumento en su contra fue que afectó la imagen de la corporación”, explicó Lemos.
Otro caso es el de Mauricio, separado del cargo presuntamente por haberse tomado una fotografía con el diputado de Morena Juan Carlos Barragán, duro crítico del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar.
Días después, el legislador denunció cuotas ilegales de infracciones, y al policía se le acusó sin pruebas de filtrar la información.
“Él tenía una trayectoria impecable, una maestría y era el primer lugar de su generación. Estaba asignado en un corralón, ni siquiera realizaba labores operativas”, detalló el abogado.
En la lista de nombres señalados oficialmente por la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana se incluyen casos como el de Gerardo, a quien se acusó de no aprobar el examen de control y confianza sin mostrarle el resultado.
También el caso de Anabel y Julio, cuyos expedientes fueron resueltos de forma conjunta por supuestos abusos que tampoco se probaron ante el tribunal.
Lemus de la Torre sostuvo que “a todos los que se les ha pagado, fue porque accedieron a convenir por menos de lo que realmente les correspondía”, y denunció que el ayuntamiento incurre en prácticas de desgaste sistemático.
“Apuestan al cansancio, a la desesperanza para no pagar. Hay sentencias que eran de 300 mil pesos y por no cumplirlas se han elevado hasta un millón 700 mil”.
Asimismo, criticó el actuar de las autoridades municipales, especialmente de la Comisión, a la que acusó de fabricar pruebas, ignorar el debido proceso y aplicar sanciones desproporcionadas.
Cabe recordar que Alejandro González Cussi, cesado el pasado viernes, llegó al frente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en septiembre de 2021; fue ratificado para ejercer del 2024 al 2027; antes de él estaba a cargo de Julio César Amado. Tras la salida de Cussi quedó como encargado de despacho Juan Pablo Alarcón.
Señaló también que “quienes verdaderamente incurren en actos graves permanecen en la corporación, mientras que a los que alzaron la voz o no se prestaron a irregularidades, los corrieron”.
Hasta ahora, sólo se han pagado alrededor de 2 millones de pesos por sentencias ganadas, pero aún quedan pendientes otras indemnizaciones que el municipio deberá cubrir.
El abogado aseguró tener evidencia documental de cada caso y solicitó que se respete el derecho de sus representados a la verdad, la honra y la reparación.
“Se les ha difamado sin pruebas y se han vulnerado sus derechos humanos. Lo mínimo que merecen es que se reconozca públicamente que ganaron sus juicios y que no son culpables de los delitos que se les imputaron sin sustento”, concluyó.
Esta nota forma parte de una solicitud de derecho de réplica, y es previa al seguimiento que publicará Contramuro para visibilizar en serie los testimonios y las historias personales de los policías afectados.
