Los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Los Ángeles, Washington, Memphis y Nueva Orleans, ciudades dirigidas por demócratas, no han logrado reducir los delitos violentos, según un análisis publicado este lunes por el Center for American Progress (CAP).

En junio del año pasado, Trump tomó el control de los soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, en un hecho que no pasaba desde hacía 60 años.

La Casa Blanca justificó la decisión asegurando que el despliegue buscaba recuperar la seguridad en la ciudad de Los Ángeles, tras las protestas por las redadas migratorias.

Trump usó la misma táctica en Washington, Memphis y Nueva Orleans, y aunque quiso implantarla en otras ciudades como Chicago y Portland, los tribunales federales se lo impidieron.

El mandatario ha afirmado en repetidas ocasiones que el despliegue ha tenido éxito, adjudicándose el descenso en las cifras delictivas. Pero el estudio determinó que la tendencia de disminución ya existía en algunas ciudades e, incluso, que hubo pequeños aumentos.

Por ejemplo, la tasa de delitos violentos mensuales por cada 100.000 habitantes en Los Ángeles era de 56,86 en el momento en el que se realizó el despliegue, mientras que en diciembre del año pasado, con soldados en las calles, se situó en 58 puntos, de acuerdo a CAP.

Una situación similar ocurre en Washington, que tenía una tasa de delitos violentos de 13,27 en agosto pasado cuando se enviaron tropas a las calles de la capital estadounidense, mientras que en el pasado mes de febrero la tasa se situó en 19,68.

El estudio subraya que las ciudades que fueron objeto o fueron amenazadas con los despliegues habían registrado una disminución promedio del 14 % en los delitos violentos y del 22 % en los homicidios durante los 12 meses previos a la intervención federal.

"Los datos finalmente han desmentido la retórica: la estrategia insignia de seguridad pública de Donald Trump no ha tenido ningún efecto cuantificable en la reducción de los delitos violentos y, sin embargo, costará a los contribuyentes cerca de 2.000 millones de dólares para finales de año", afirmó en un comunicado Chandler Hall, director asociado de Seguridad Pública del CAP.

Hall hizo un llamado para dejar de financiar los despliegues a los que calificó de “costosos e ineficaces” y empezar a invertir en estrategias locales, tecnología y programas de prevención comunitaria que realmente protejan a las familias.