Morelia, Michoacán
En seguimiento a la causa penal 491/2022, un juez de Sahuayo modificó las medidas cautelares impuestas a Juan Paulo A.G., imputado por el delito de feminicidio en agravio de Frida S.G.
Con fundamento en distintos numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron sin efecto las medidas cautelares dictadas en enero de 2023, en su lugar, el juzgador determinó imponer prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que pueda exceder de dos años, salvo que su ejercicio se deba al derecho de defensa.
El Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la impartición de justicia y la protección de los derechos de las víctimas, garantizando que cada resolución se emita con estricto apego a la ley.
Resoluciones penales en Uruapan y Morelia
Tras 26 horas de audiencia, en las que un juez de control y enjuiciamiento de Uruapan escuchó a las partes, valoró los datos de prueba y analizó todo la información presentada sobre el caso, determinó vincular a proceso a ocho personas por los hechos relacionados con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto M.R., ocurrido durante un evento público.
En la causa penal 220/2025, fueron vinculados a proceso Jorge Armando G.S. por su probable participación en el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas; así como Alejandro F.V., Demetrio C.M., José Manuel J.M., Omar M.J., Guillermo T.Z., Omar Osvaldo G.C., Monserrat H.G. y Mario Alberto S.G. por su probable participación en homicidio calificado por comisión por omisión en calidad de garantes, al encontrarse asignados como policías municipales responsables de la protección del edil.
El juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas imputadas, medida que no podrá exceder de dos años salvo ejercicio de defensa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por otro lado, en Morelia un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gaspar R.C., por el hecho que la ley señala como uso ilícito de atribuciones y facultades, dentro de la causa penal 725/2025. Determinó 3 meses como plazo de investigación complementaria, que vence el 24 de febrero de 2026.
De acuerdo con datos expuestos por la Fiscalía, la persona imputada se desempeñó como titular de un organismo público descentralizado durante el ejercicio fiscal 2020, periodo en el que presuntamente omitió enterar a la autoridad hacendaria las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta aplicado a las y los trabajadores, generando con ello un crédito fiscal relevante para la institución afectada de más de 208 millones 780 mil pesos. La parte ofendida es el Colegio de Bachilleres del Estado, al tratarse de un hecho que impacta directamente en los recursos de una institución educativa pública.
