Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo en que la Fiscalía General de Querétaro haya iniciado una carpeta de investigación acusando a una menor de homicidio doloso por haber sufrido un aborto espontáneo, pues afirmó que no se debe de criminalizar, “y menos a una niña de 14”.

Informó que Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, se puso en contacto con la familia para apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera.

“Quiero pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador inclusive le están pidiendo que le resarza el daño”, se le cuestionó.

“Está en contacto Citlalli con la familia. No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. Es el apoyo yo creo que no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años” dijo.

Esmeralda: víctima criminalizada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro pretende que se condene a tres años de prisión a Esmeralda, una adolescente de 14 años originaria del municipio indígena de Huimilpan, que sufrió un aborto espontáneo y cuyo embarazo fue producto de una violación, dio a conocer Mayra Dávila Alvarado, dirigente del colectivo feminista Adax Digitales.

La FGE además pretende que la adolescente sea obligada a pagar 500 mil pesos “a quien tenga el interés jurídico” por el delito de que se le acusa, en este caso el violador. Para colmo, la fiscalía cerró el caso de violación sin imputar al agresor luego de determinar para él “el no ejercicio de la acción penal”.

Mayra Dávila ha exigido en diversos foros que el estado de Querétaro cambie su código penal, ya que en sus artículos del 136 al 142 se sanciona a mujeres que interrumpen gestaciones a pasar entre tres y seis años de prisión.

Aunque Adax Digitales planteó en la pasada 61 Legislatura local, de mayoría panista, la necesidad de reformar esos artículos, los diputados nunca les hicieron caso.

El caso de Esmeralda ocurrió en este contexto: la menor quedó encinta luego que la violó un individuo de 17 años, al que no denunció por amenazas que recibió de su atacante.

La activista relató que sin saber que esperaba un bebé, Esmeralda sintió un día cólicos y malestares intensos en el vientre. Acudió a un sanitario y sucedió el aborto involuntario.

El padre de la niña la llevó a un centro de salud donde se dictaminó que padeció un “aborto espontáneo”. No obstante, dado que la interrupción del embarazo no está legalizada en Querétaro, la FGE comenzó pesquisas.

La institución dictaminó que el feto tenía 36 semanas de gestación y falleció por asfixia después de nacer, por lo que se inició una carpeta de investigación por homicidio calificado contra Esmeralda.

Dávila Alvarado destacó que, de acuerdo con dictámenes de los servicios de salud, el feto nació muerto. Pese a ello, el Poder Judicial del Estado de Querétaro vinculó a proceso penal a la adolescente, a quien se decretó la medida cautelar de prisión domiciliaria.

El juicio de Esmeralda se realizará en los próximos días. Mayra Dávila dijo que Adax Digitales la defenderá “con todo”.

Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres federal, manifestó a través de su cuenta de X su repudio al intento de la FGE de pretender cancelar y sancionar económicamente a la niña. “Es inaudito e ilegal lo que la @fiscaliaqro realiza en perjuicio de una menor. Solicitaremos una mesa de trabajo con el gobernador @makugo (Mauricio Kuri González), la fiscalía, la titular del Instituto de las Mujeres del estado y la representación legal de la menor”, acotó.

La funcionaria agregó: “La procuración de justicia sin perspectiva de género y sin lógica jurídica y de derechos humanos, comete este tipo de injusticias. No lo permitiremos”.

Ayer por la tarde, Mayra Dávila y otras integrantes de Adax Digitales colocaron en el jardín Zenea del centro histórico de Querétaro un tendedero con fotos y nombres de deudores alimentarios, y demandaron a los nuevos diputados estatales eliminar los artículos que criminalizan a las mujeres por recurrir interrumpir un embarazo.

Dávila Alvarado expuso que en septiembre pasado, un juez federal otorgó a las organizaciones Adax Digitales y Gire un amparo que solicitaron de manera conjunta, en el cual se declararon inconstitucionales siete artículos del código penal queretano, al considerar que criminalizan y sancionan con cárcel de forma ilegal a mujeres que abortan.

Sostuvo que no es posible tener en Querétaro un Código Penal que criminalice y sancione con prisión a féminas que optan por decidir sobre su cuerpo al detener una gestación, castigo que también castiga a mujeres que auxilian o acompañan a amigas a realizarse un aborto.

Afirmó que de acuerdo a lo que marcan esos artículos, ella y otras activistas estarían “orgullosamente” en la cárcel para ayudar a quienes decidieron cesar sus gestaciones.