Morelia, Michoacán, 06 de mayo de 2025.- Desde hace décadas, México enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente: el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en amplias regiones del país. No es un fenómeno aislado, es algo real que ha moldeado la vida diaria de millones de personas, ha contaminado instituciones públicas y lo peor, ha sembrado el miedo en comunidades enteras.
¿Pero qué es exactamente el crimen organizado? En términos simples, se trata de grupos delictivos que actúan como verdaderas empresas ilegales: tienen estructura, jerarquía, control territorial y operan con un fin económico. No solo trafican drogas, también se dedican a la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, la trata de personas, entre otras actividades. Su poder radica tanto en su extrema violencia como en su enorme capacidad para comprar y corromper a funcionarios y policías.
El crimen organizado en México no es nuevo. Su historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando algunas regiones del país , como Sinaloa y Guerrero , comenzaron a cultivar marihuana y amapola con destino a Estados Unidos. En los años ochenta surgió el Cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo. A partir de su caída, se fragmentaron varios grupos que dieron origen a organizaciones poderosas como el Cártel de Sinaloa, el de Juárez o el de Tijuana.
Ya en los años 2000, y con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente Felipe Calderón se desplegó al Ejército por todo el país con la intención de desmantelar a los cárteles. Sin embargo, esta estrategia, aunque logró capturar a importantes líderes, provocó una fragmentación de las organizaciones criminales y el surgimiento de grupos más violentos, que diversificaron sus actividades delictivas y se multiplicaron por todo el territorio nacional.
Si bien ningún estado ha quedado completamente exento de este problema, hay entidades que han sufrido con particular crudeza la presencia del crimen organizado. Guerrero y Michoacán son ejemplo de estados donde el cultivo de amapola y marihuana dio pie a la instalación de grupos armados con control territorial. En Michoacán surgieron organizaciones como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que además de traficar drogas, se convirtieron en grupos de poder local.
Jalisco alberga al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más agresivas y mejor armadas. Su presencia se ha expandido a varios estados, generando enfrentamientos con otras bandas y con el gobierno.
Sinaloa sigue siendo un bastión del narcotráfico, con redes internacionales y fuerte presencia en zonas rurales. A pesar de la captura de “El Chapo” Guzmán, el cártel sigue operativo bajo nuevos liderazgos.
En Zacatecas, los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa han convertido al estado en uno de los más violentos del país, con desplazamientos forzados de pobladores y asesinatos casi diarios.
Tamaulipas, por su parte, vive desde hace años bajo el dominio de células delictivas herederas del Cártel del Golfo y Los Zetas. El tráfico de migrantes y el contrabando han hecho de esta región una zona estratégica para la delincuencia.
¿Y qué ha hecho el gobierno? Durante más de una década, la principal respuesta del Estado mexicano ha sido la militarización de la seguridad pública. Soldados, marinos y, más recientemente, la Guardia Nacional han sido desplegados para contener la violencia. Aunque se han realizado algunas detenciones importantes, los índices delictivos no han disminuido de forma sostenida. Por el contrario, algunos indicadores de violencia se han incrementado, ya no se reportan como asesinatos sino como “desaparecidos” y la población sigue sintiéndose insegura.
El crimen organizado es una realidad que golpea todos los días a miles de personas. Comerciantes que pagan “cuotas” para evitar ser atacados, familias desplazadas de sus comunidades, jóvenes reclutados por las bandas, ciudadanos que viven con miedo a ser extorsionados o asesinados. La violencia ha contaminado la economía, la política y las relaciones sociales.
Ahora bien, ¿hay alguna salida? Pues de existir, sí que existe, pero su realización se ve lejana, complicada y en algunos casos rayando lo imposible tomando en cuenta nuestra realidad. Lo obvio; el combate al crimen organizado debe ser integral. A nivel gubernamental, se requiere fortalecer el sistema de justicia, castigar la corrupción, depurar a fondo policías, invertir en inteligencia y no solo en despliegues armados. Luego viene lo más difícil; atender las causas sociales: ofrecer empleo, educación y alternativas reales a los jóvenes.
Por su parte, la sociedad no puede permanecer pasiva. Se necesita participación ciudadana, denuncia, vigilancia de las autoridades y reconstrucción del tejido social. Solo así se podrá recuperar la esperanza de vivir en un país donde la ley y la justicia valgan más que el miedo. ¿Factibilidad? Cercana al cero.
El asunto es muy complejo, un verdadero Nudo Gordiano.
