El gobierno de Estados Unidos terminará con la protección legal para miles de migrantes centroamericanos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio permiso a la administración de Donald Trump de revocar el estatus de protección legal a 532 mil migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Con el voto de siete magistrados a favor y dos en contra, el máximo tribunal ha concedido la “solicitud de suspensión” presentada por el Departamento de Seguridad Nacional para levantar una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias a los migrantes pertenecientes a esos cuatros países.
De acuerdo a una de las juezas del tribunal, Ketanji Brown Jackson, señaló que el gobierno facilitará un sufrimiento humano innecesario antes de que los tribunales hayan llegado a un fallo final sobre los argumentos legales en cuestión.
“El tribunal no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, expresó la jueza.
Con base a la Ley de Inmigración y Nacionalidad desde 1952, la administración de Joe Biden creó desde 2023 un programa conocido como CHNV, el cuál era un parole humanitario que permitía a personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela de entrar y permanecer en Estados Unidos de forma temporal por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.
Con esta protección buscaba abordar el creciente número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México promoviendo la inmigración legal.
Sin embargo, desde que llegó nuevamente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha intentado revocar programas, como el CHNV, que facilitaran la migración a Estados Unidos con la promesa de su campaña en endurecer enormemente la política migratoria del país.
Desde marzo, la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin del programa y que las concesiones de libertad condicional aún vigentes expirarían el 24 de abril.
No obstante, en abril, una jueza federal estimó que la medida del Gobierno Trump no podía llevarse a cabo debido a que cuestionó la capacidad del gobierno para cancelar el parole y argumentando que los inmigrantes del programa que se encuentran legalmente en el país ahora enfrentan la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”.
Posteriormente, el gobierno de Trump llevó el caso a la Corte Suprema, donde finalmente consiguió el permiso que tribunales inferiores se lo habían impedido.
Fuente: France 24
