El gobierno de México había demandado a los fabricantes de armas por la violencia del crimen organizado.

Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda por parte del Gobierno mexicana la cuál responsabilizaba a los fabricantes de armas estadounidense por la violencia del crimen organizado en México.

Dentro de la resolución redactada por la jueza Elena Kagan, señala que México no ha presentado un argumento claro que indique claramente que los fabricantes hayan favorecido ni promocionado la venta ilegal de armas a los miembros de cárteles mexicanos. 

“No tenemos dudas de que, como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben que sucede. La excepción predicada permite la responsabilidad por complicidad solo cuando un demandante hace una alegación plausible de que un fabricante de armas ‘participó en’ una violación de la ley relativa a armas de fuego ‘como en algo que (deseaba) llevar a cabo’ y trató de hacer que tuviera éxito”, añadió.

Ante eso, la corte decidió que los fabricantes conservarán su inmunidad otorgada por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PCLAA en sus siglas en inglés), ley de la cuál protege a los fabricantes de armas de las acciones legales por parte de habitantes que intentaban hacerlas responsables de hechos ocasionados por la violencia armada.

Desde 2021, el gobierno mexicano ha presentado una demanda por 10 mil millones de dólares contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, acusándolos de ser uno de los principales responsables de la violencia de los narcotraficantes.

Los abogados del caso argumentan que estas empresas eran conscientes de que algunas de sus mercancías eran objeto del tráfico ilegal, favoreciendo a los grupos criminales para que tuvieran cierto control en el país. 

Por su parte, los demandantes negaron que tuvieran responsabilidad ante el tráfico ilegal de armas y acusaron al gobierno mexicano de no hacer nada al respecto para frenar a los carteles dentro del país. Asimismo, señalaron que estaban protegidos por la PCLAA de 2005, la cual presuntamente aplica también para el gobierno mexicano. 

Debido al argumento por parte de los fabricantes, los jueces desestimaron en ese entonces la demanda. No obstante,  un tribunal de apelaciones la reactivó en enero de 2024.

Fuente: BBC