La Corte Suprema confirma la condena a Cristina Fernández por fraude, asegurando su inhabilitación perpetua y posible detención.
La ha ratificado la condena de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Esta decisión, tomada por unanimidad, responde a un recurso presentado por Fernández en marzo, en el que solicitaba la revisión de su sentencia por administración fraudulenta, dictada en 2022 por un tribunal federal y confirmada posteriormente por la cámara penal principal.
Con esta resolución, Fernández podría ser arrestada en breve para cumplir su condena, la cual ella misma ha calificado como un caso de “lawfare”, una persecución judicial y política.
La sentencia también le impide postularse en las próximas elecciones de septiembre para un cargo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
El tribunal oral que emitió la sentencia hace tres años deberá ahora ordenar el arresto de Fernández, quien se considera víctima de una estrategia judicial impulsada por sectores conservadores para eliminarla del panorama político.
La defensa de Fernández planea solicitar prisión domiciliaria debido a su edad, ya que la ley contempla este atenuante para personas mayores de 70 años.
La exvicepresidenta, quien también ocupó el cargo de 2019 a 2023, fue hallada culpable en 2022 de haber cometido un fraude millonario contra el Estado al asignar irregularmente fondos públicos a un empresario cercano para la realización de obras viales durante su mandato.
