La Corte IDH condena a México por desaparición forzada de un indígena maya ch’ol, destacando violaciones de derechos humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una condena contra México por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un indígena maya ch’ol, ocurrida en 1999.
González Méndez formaba parte de las bases civiles de apoyo al
Relacionado con el EZLN
La Corte señaló que “la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Además, destacó la participación de grupos paramilitares que surgieron como parte de una política estatal contrainsurgente, conocida como el Plan Campaña Chiapas de 1994, los cuales operaban con el respaldo del Estado para neutralizar fuerzas consideradas enemigas, como el EZLN.
Antonio González Méndez, simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue visto por última vez en una zona operada por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.
Hay indicios de que la última persona con la que tuvo contacto estaba vinculada a esta agrupación.
Responsabilidad del Estado en la desaparición
La Corte determinó la responsabilidad del Estado en la desaparición de González Méndez, aceptando el reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado, que admitió la falta de una investigación adecuada y el daño a la integridad personal de los familiares de la víctima.
El tribunal internacional concluyó que las autoridades mexicanas no han cumplido con sus obligaciones de investigar diligentemente y en un plazo razonable, ni han realizado una búsqueda adecuada del paradero de González Méndez.
La sentencia
México fue declarado culpable de vulnerar varios derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal y la libertad de asociación, en perjuicio de González, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, entre otros, en detrimento de su familia.
La sentencia ordena a México continuar las investigaciones sobre la desaparición forzada y las acciones de búsqueda de González.
Además, debe implementar un programa de formación permanente sobre la investigación adecuada y el juzgamiento de desaparición forzada, dirigido a agentes del estado de Chiapas, y crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas.
La composición de la Corte para esta sentencia incluyó a la Presidenta Jueza Nancy Hernández López (Costa Rica), el Vicepresidente Juez Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), el Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia).
Así como el Juez Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), la Jueza Verónica Gómez (Argentina) y la Jueza Patricia Pérez Goldberg (Chile). El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de nacionalidad mexicana, no participó en este caso.
