Redacción / La Voz de Michoacán

Guadalajara, Jalisco. Uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), está empleando la desaparición forzada y la corrupción en su intento de construir un mercado local de drogas en Guadalajara, su lugar de origen.

El consumo de drogas, en particular de metanfetamina en cristal, se ha disparado en los últimos años en Guadalajara, Jalisco, y sus alrededores. En 2022, más de dos tercios de las personas que buscaban ayuda para tratar la adicción en los centros de rehabilitación del estado afirmaron que la metanfetamina en cristal era la droga de mayor impacto, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones del gobierno mexicano (SISVEA).

A medida que el mercado se ha ido expandiendo, el CJNG ha corrompido a funcionarios locales e incrementado el uso de las desapariciones forzadas para mantener el control social y territorial, según comentaron a InSight Crime activistas, académicos y autoridades.

Mientras que el CJNG ha hecho de la violencia extrema una de sus principales características, en Guadalajara, sin embargo, ha optado por mantener la violencia al mínimo.

“Fuera de Jalisco aparece como un clan muy belicoso”, dijo Jorge Ramírez, sociólogo de la Universidad de Guadalajara, “pero aquí ejerce un control mucho más fino”.

Lucha por el control del narcomenudeo

El CJNG está fuertemente involucrado en el mercado local de drogas de Guadalajara. Al controlar el mercado y, por tanto, el territorio, el grupo también accede a las zonas que necesita para explotar otras economías criminales, como la extorsión y la producción de drogas.

El próspero mercado local de drogas está formado por una red de lugares de venta, o “puntos”, repartidos por toda la ciudad. Además de espacios donde se vende droga, estos puntos sirven para proporcionar un flujo constante de información a los grupos criminales sobre el paradero de los grupos rivales y las autoridades. Aunque el CJNG es el grupo criminal más poderoso de Guadalajara y actúa como organización coordinadora de varias células locales, no tiene un dominio total sobre el tráfico de drogas de la ciudad.

Usuarios de drogas dijeron a InSight Crime que los puntos de venta están por todas partes y que el acceso a las drogas es fácil.

“Donde quiera […] hay lugares [puntos] para conseguir droga. En los antros y restaurantes… incluso restaurantes familiares”, dijo una fuente que cobraba extorsiones a bares para el CJNG, y cuyo nombre se reserva por razones de seguridad.

La accesibilidad a las drogas ha contribuido a un aumento del consumo local, sobre todo de metanfetamina en cristal, una forma de metanfetamina de mayor pureza, dijo Federico Topete, psicólogo clínico del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Guadalajara, que ayuda a jóvenes en situación de riesgo. La edad media a la que los usuarios empiezan a consumir ha descendido, dijo. “Aquí hemos tenido chavitos de 12 años ya con consumo de cristal. La secundaria ha sido un punto decisivo” dijo.

Muchos usuarios adultos toman la metanfetamina para aumentar su energía durante largas jornadas de trabajo, según dijeron consumidores y expertos a InSight Crime.

A medida que ha crecido el mercado local de la droga, lo ha hecho también la competencia entre los grupos criminales que operan bajo el paraguas del CJNG, pero que, sin embargo, a menudo están enfrentados entre sí.

La ciudad está dividida en zonas de control territorial. Cada grupo vende droga en paquetes de un color determinado. Al hacerlo, los grupos crean un mapa territorial indirecto, marcando qué grupos controlan cada zona. Los usuarios que son sorprendidos consumiendo drogas de un grupo rival, o que compran al traficante equivocado, son amenazados, asesinados o desaparecidos, según las fuentes. Las violentas consecuencias de comprar libremente obligan a los consumidores a hacerlo en el mismo lugar.

“[Comprar] donde tú quieras es muy delicado. Porque se podría decir que estás comprando droga de otra organización criminal”, dijo el encargado del cobro de extorsiones.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas son fundamentales para que el CJNG controle el mercado de drogas de Guadalajara.

Hay más de 115 mil personas desaparecidas en el registro del gobierno mexicano. Jalisco se encuentra en el centro de esta crisis, encabezando la lista de estados con más desaparecidos. Allí, más de 15 mil personas están actualmente desaparecidas, según cifras estatales.

La mayoría de estos casos están probablemente relacionados con el crimen organizado, según explicaron expertos locales.

En Guadalajara, el CJNG suele desaparecer a personas como castigo por infracciones como no pagar deudas, comprar drogas a un proveedor no autorizado o por cometer delitos menores no autorizados, como robos. Algunas víctimas son desaparecidas por pertenecer supuestamente a grupos rivales, mientras que otras pueden ser reclutadas a la fuerza para integrar las filas del CJNG. El grupo también puede secuestrar a consumidores de drogas para interrogarlos, obtener información sobre grupos rivales, matarlos y desaparecerlos después, según fuentes consultadas por InSight Crime.

Las desapariciones comenzaron a aumentar en 2009, cuando se registraron 96 personas desaparecidas. Fue en esa época cuando el CJNG surgió como una organización criminal por derecho propio, tras las divisiones internas y la guerra entre facciones del grupo antecesor, el Cártel del Milenio.

A medida que el CJNG estableció su dominio en Jalisco, las desapariciones en el estado aumentaron constantemente. Alcanzaron su punto máximo en 2019, con mil 754 desaparecidos, probablemente debido, en parte, a las represalias entre diferentes facciones del CJNG. Sin embargo, los altos niveles de desapariciones continúan. El año pasado, el estado registró mil 574 personas desaparecidas. La gran mayoría son hombres.

Durante este periodo, los homicidios también aumentaron en Jalisco. Pero el aumento de los homicidios no fue comparable al de las desapariciones.

La disparidad puede deberse al deseo de las autoridades estatales de mantener bajas las tasas de homicidio.

“La tendencia general [de aumento de las desapariciones] se debe a esa ansia del gobierno estatal y federal de controlar los homicidios” dijo Ramírez.

Las demostraciones abiertas de violencia presionan a las autoridades para que actúen, y a ninguna de las partes le interesa una escalada en la confrontación.

“No sé si eso ha dado lugar a pactos expresos [con grupos criminales], pero sí ha dejado claro que esa [violencia abierta] no se vale […] esencialmente es la idea de que no se deben ver cadáveres”, añadió Ramírez.

La gran mayoría de los asesinatos en México nunca se resuelven, pero la falta de pruebas físicas, como un cadáver en los casos de desaparición, obstaculiza aún más el proceso de justicia, disminuyendo la probabilidad de enjuiciamiento.

La desaparición forzada también tiene un impacto psicológico en la sociedad de Guadalajara.

Muchas víctimas no tienen relación con el crimen organizado, pero son desaparecidas a pesar de ello, dejando a las familias en el limbo y a las autoridades sin respuesta. En algunos casos, los cuerpos o restos de la persona se encuentran mucho más tarde, a menudo en fosas clandestinas. En otros casos, nunca se descubre rastro alguno.

Corrupción de fuerzas de seguridad

La corrupción de las fuerzas de seguridad de Guadalajara ha permitido al CJNG desaparecer víctimas impunemente y dominar la ciudad, según sugirieron las fuentes.

La ciudad tiene un historial de abusos policiales y vínculos con el crimen organizado. En 2020 estallaron protestas en Guadalajara tras la muerte de Giovanni López, un albañil que fue arrestado presuntamente por no llevar cubrebocas, y que murió un día después mientras se encontraba bajo custodia policial. Decenas de manifestantes fueron presuntamente secuestrados por policías encubiertos, algunos golpeados y otros amenazados de muerte, antes de ser abandonados a kilómetros de distancia.

Familiares de al menos dos de los agentes detenidos tras el incidente se manifestaron en contra de sus arrestos, afirmando que los agentes sólo seguían órdenes de sus superiores, que habían recibido instrucciones de interrumpir las protestas por parte de grupos del crimen organizado, informó Proceso.

En todo el país, las fuerzas de seguridad han sido acusadas periódicamente de cometer abusos contra los derechos humanos, a menudo trabajando mano a mano con las organizaciones criminales a las que se supone que deben enfrentarse.