Congresistas demandan al gobierno de Trump por negarles acceso a centros de migrantes, alegando obstrucción a la supervisión y condiciones inhumanas.
Estados Unidos.-Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos, incluyendo líderes del Caucus Hispano, presentó una demanda ante un tribunal federal contra la Administración de Donald Trump, alega que el gobierno les ha negado el acceso a los centros de detención de migrantes, impidiendo así la supervisión de las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
“La obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia”, declaró Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.
Espaillat también señaló que desde el inicio, la Administración de Trump ha tratado de deshumanizar a los inmigrantes, deteniendo a miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizando las agencias federales para implementar una agenda de deportación masiva caracterizada por la crueldad.
Según la legislación estadounidense, los congresistas tienen derecho a visitar los centros de detención de migrantes sin previo aviso. No obstante, los demandantes afirman que el Ejecutivo está obstaculizando su acceso a estos lugares.
El legislador Joe Neguse, otro de los firmantes de la demanda, comentó:
“Tal flagrante desprecio por la ley y el orden constitucional por parte de la Administración de Trump amerita una respuesta seria y decisiva”.
Diversas organizaciones civiles, activistas y políticos han denunciado las condiciones inhumanas en que se encuentran los migrantes en muchos de estos centros, a menudo en situaciones de hacinamiento.
Uno de los centros más criticados es “Alligator Alcatraz”, inaugurado el 1 de julio en Florida, con capacidad para 3,000 migrantes. Políticos demócratas que visitaron el lugar describieron las áreas de descanso como “jaulas” y señalaron el mal estado de los baños y la falta de control de temperatura durante el calor y la humedad de Florida.
La demanda, presentada en un tribunal del Distrito de Columbia, coincide con el proceso de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) para distribuir 608 millones de dólares en ayudas a gobiernos estatales y locales para construir nuevos centros de detención o ampliar los existentes.
