Morelia, Michoacán

A dos días para el vencimiento del plazo dado por personal de centros penitenciarios inconforme con la gestión de Ignacio Mendoza Jiménez, como coordinador del Sistema Penitenciario estatal, no hay una fecha para una reunión o acercamiento entre los quejosos y la autoridad.

Más aún, no se tienen indicios de que el gobierno estatal acceda a la petición principal de los manifestantes, que es la destitución de Ignacio Mendoza, señaló la diputada local Margarita López Pérez, en entrevista para Primera Plana MX.

Expuso que, tras la reunión sostenida la semana anterior entre los trabajadores de custodia en centros penitenciarios estatales y la Secretaría de Gobierno (Segob), no se ha definido un nuevo encuentro para dar seguimiento a las demandas y requerimientos de los empleados.

Agregó que en la mencionada reunión, no se dejó ver la posibilidad de que el estado acceda a remover a Ignacio Mendoza, por presuntos malos tratos y abusos que infligiría a los trabajadores de custodia.

Entre estos, destacan la mala calidad de alimentos a los trabajadores de custodia, la venta de comida a precios exagerados, la no dispersión del bono llamado BanBajío, y la falta de aumento salarial en los últimos nueve años.

López Pérez refirió que esta situación pude llevar a que se agudice la protesta pacífica que hasta ahora han mantenido los quejosos en centros penitenciarios como Mil Cumbres y Alto Impacto, en Morelia, además de Zamora, Zitácuaro, Maravatío y Lázaro Cárdenas.

Esto es, la radicalización de sus protestas y la suma de otras áreas de seguridad pública, como los policías procesales.

Y es que, explicó la diputada local, “se va a hacer más grande el problema, lo lamento, porque la apuesta es el diálogo, apenas se ven cambios en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de la remoción de José Alfredo Ortega Reyes como su titular, por señalamientos de mala praxis”.

Reiteró que actualmente la situación es “muy complicada”, debido a que los manifestantes han recibido amenazas, incluso de muerte, de supuestos integrantes del crimen organizado.