Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso para que este mismo año quede lista y pueda concretarse la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán, al considerar que se trata de una deuda pendiente con cientos de familias michoacanas.

El legislador recordó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacán existe un registro histórico de 7 mil 801 personas desaparecidas, cifra que contempla casos acumulados desde la década de los años sesenta hasta la fecha, por lo que consideró urgente fortalecer el marco jurídico estatal en esta materia.

Baltazar Gaona explicó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversos esfuerzos legislativos para concretar esta ley, incluyendo iniciativas ciudadanas y propuestas presentadas por distintas diputadas y diputados desde el año 2021. Precisó que incluso en octubre de 2023 el Pleno aprobó una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán; sin embargo, observaciones realizadas posteriormente por el Poder Ejecutivo y reformas federales provocaron que el proyecto quedara desfasado.

“Hoy existe una nueva propuesta que se sigue trabajando en mesas técnicas con instituciones del Estado, la Fiscalía y colectivos. Nosotros vamos a darle puntual seguimiento para que esta ley finalmente pueda salir adelante”, señaló el diputado presidente del Congreso.

Gaona García destacó además el trabajo que se ha realizado para construir consensos con madres buscadoras y diferentes dependencias, al tiempo que reconoció la disposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Anabet Franco Carrizales, para acelerar los trabajos legislativos y concretar el dictamen correspondiente.

“Voy a hacer el compromiso de que sea este mismo año cuando podamos tener lista esta ley en Michoacán, porque no podemos seguir postergando un tema tan sensible para miles de familias”, expresó Baltazar Gaona, quien subrayó que actualmente Michoacán se encuentra entre las siete entidades del país que aún no cuentan con una legislación específica en materia de búsqueda de personas desaparecidas.