Redacción / La Voz de Michoacán

Los votantes en México acudieron a las urnas para elegir a una nueva Suprema Corte y a cientos de jueces locales y federales, lo que genera preguntas sobre cómo este nuevo proceso podría impactar en un sistema judicial que ya enfrenta dificultades para combatir a los grupos del crimen organizado.

Después de aprobar una reforma importante el año pasado, los mexicanos votaron 881 cargos judiciales federales, incluyendo 9 magistrados de la Suprema Corte, así como cientos de jueces estatales y locales. La renovación de la otra mitad de jueces federales se realizará en 2027.

La reforma, originalmente promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, ha generado una profunda polarización. Expertos consultados por InSight Crime manifestaron su preocupación de que, más que mejorar los esfuerzos contra el crimen, el objetivo subyacente de la reforma sea alinear las decisiones judiciales y los estándares legales con la política partidaria, lo que en última instancia socava la autonomía judicial.

“Estas elecciones politizan a las personas juzgadoras. Entonces, en lugar de mejorar su legitimidad, más bien las va afectando”, dijo Laurence Pantin, directora de la organización de la sociedad civil Juicio Justo y experta en el sistema de justicia mexicano.

Además, varios de los más de 2 mil 600 candidatos que buscan uno de estos cargos han sido acusados de tener vínculos con grupos del crimen organizado. En Chihuahua, un aspirante defendió anteriormente a Joaquín Guzmán Loera, el ahora encarcelado exlíder del Cartel de Sinaloa conocido como “El Chapo”. Otro enfrentó cargos relacionados con armas y asesoró al equipo legal que defendía a varios líderes de los otrora temidos Zetas, mientras que un candidato federal fue condenado por introducir metanfetaminas a Estados Unidos.

El exembajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, criticó la falta de requisitos estrictos de elegibilidad y afirmó que la elección popular “no abordaría la corrupción judicial ni fortalecería al poder judicial”. Por su parte, quienes apoyan el cambio argumentan que ayudará a reducir el nepotismo, aumentará la rendición de cuentas y dará a los ciudadanos mayor control sobre quienes interpretan la Constitución.

Pocos países de la región han experimentado con elecciones judiciales populares, pero quienes lo han hecho han enfrentado problemas. En Bolivia, por ejemplo, los votantes tuvieron dificultades por la falta de conocimiento sobre los cientos de candidatos y las reformas no lograron reducir la corrupción como se esperaba, sino que probablemente hayan fomentado las malas prácticas.

Durante muchos años, el sistema de justicia penal en México no ha logrado procesar con éxito a miembros de grupos del crimen organizado ni mantenerlos tras las rejas, y es poco probable que la elección popular de jueces solucione las causas profundas de ese problema.

Quizás el problema más urgente sean los niveles de casi total impunidad, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. La reforma judicial no contribuye a atacar los factores subyacentes que dificultan las investigaciones efectivas, como la falta de recursos, financiamiento y capacitación especializada.

“En el sistema de justicia penal mexicano, los jueces no son el principal objetivo de la corrupción”, dijo David Shirk, director del Programa Justicia en México de la Universidad de San Diego.

“Históricamente hemos visto mucha infiltración y corrupción en las fiscalías, por lo que no ha sido necesario corromper a los jueces, porque si puedes corromper a los fiscales, no necesitas llegar a esa etapa”, explicó Shirk a InSight Crime.

Dicho esto, la elección popular de jueces abre una nueva puerta para que los grupos criminales intenten influir en el proceso judicial en México. Remover a cientos de jueces en funciones y reemplazarlos por otros con menos experiencia en el sector judicial probablemente generará una curva de aprendizaje pronunciada y prolongada en un sistema ya subfinanciado, haciéndolos más vulnerables a la corrupción.

“En lugar de que esta reforma nos permita combatir la impunidad, ampliar el acceso a la justicia o combatir el crimen organizado [en México], lo que va a hacer es debilitar el Poder Judicial”, afirmó Pantin, experta judicial.

Aunque en este ciclo electoral no se ha registrado el tipo de violencia política que los grupos criminales y otros actores suelen desplegar para influir en las elecciones, Pantin consideró que esto puede ser temporal debido a las estrictas limitaciones para hacer campaña y a la falta general de conocimiento sobre los candidatos.

La violencia dirigida podría llegar después, cuando los elegidos asuman sus cargos.

“Si toman decisiones que se opongan a los intereses de los narcotraficantes, o si empiezan a trabajar con un grupo del crimen organizado en detrimento de otro, creo que ahí es cuando probablemente veremos violencia”, señaló Shirk a InSight Crime.

“Esto abre una nueva puerta para que el crimen organizado intente influir en el proceso judicial, y no sabemos qué ocurrirá cuando crucemos esa puerta”, agregó.