Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y lo particular la reforma judicial, la cual impulsa el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobierno del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa pasará al pleno de la Cámara Alta, en donde se prevé su discusión y votación para el próximo miércoles 11 de septiembre.
La reforma al Poder Judicial ha desatado multiples protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, orillando a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.
Dicho dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas el pasado mes de febrero por López Obrador, también avaló que entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta en la actualidad la Suprema Corte.
Cabe mencionar que la reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; además de las entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, representando riesgos a la inversión privadam tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
Fuente: López-Dóriga
