Un nuevo episodio de violencia transnacional ha sacudido las relaciones entre Colombia y México. Autoridades de ambos países confirmaron que once ciudadanos colombianos, todos presuntamente con pasado militar, participaron en un ataque armado en Michoacán que dejó como saldo ocho elementos de la Guardia Nacional muertos.
El hecho, ocurrido en una zona de alta tensión entre Michoacán y Jalisco, expuso la creciente presencia de extranjeros en el crimen organizado mexicano, particularmente en células como el Cártel de Los Reyes, grupo surgido de las extintas autodefensas que combatieron a los Caballeros Templarios en 2013.
El presidente colombiano Gustavo Petro no tardó en reaccionar. Confirmó que los involucrados fueron parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y, de forma contundente, los calificó como “traidores a la patria”, señalando que vendieron sus conocimientos militares a una organización criminal mexicana.
“Es inadmisible que el entrenamiento brindado por el Estado colombiano termine siendo usado para el crimen en otro país”, declaró Petro, quien además propuso penas más severas para quienes se conviertan en “mercenarios del narcotráfico”.
Hasta ahora, 17 personas han sido detenidas por su presunta participación en la emboscada, entre ellas los once colombianos. Las autoridades mexicanas confirmaron que el ataque fue perpetrado con explosivos, alcanzando un vehículo blindado que transportaba a un grupo de reconocimiento de la Guardia Nacional.
Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en México, y según la Cancillería colombiana, recibirán asistencia consular, aunque se respetará el proceso judicial en curso en territorio mexicano.
Desde Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias al pueblo mexicano y subrayó que la mayoría de los colombianos que viajan al exterior lo hacen “para construir, no para destruir”.
Sin embargo, la presencia de exmilitares colombianos en conflictos extranjeros no es un fenómeno nuevo. Su participación se ha documentado en operaciones en Yemen, Ucrania, Sudán y, más notoriamente, en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021.
La zona del ataque fue una franja montañosa entre Michoacán y Jalisco sigue siendo escenario de disputas entre diversas facciones criminales, en especial el Cártel de Los Reyes y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos países han confirmado su compromiso de continuar colaborando en la investigación y frenar el flujo de combatientes extranjeros que alimentan la violencia en México.
Fuente: El Imparcial