Por: Elideth Tovar Alcaraz

La idoneidad se refiere a la aptitud, capacidad, competencia y disposición que tiene una persona para desempeñar una tarea cargo o función de manera adecuada. Esta característica va más allá del simple conocimiento, ya que implica también cualidades tales como la ética, la responsabilidad y la integridad.

Por ejemplo, una persona con ciertas habilidades puede ser idónea para un puesto de trabajo, pero no para otro.

En la función pública, la idoneidad va más allá del cumplimiento de los requisitos legales básicos, como la ciudadanía, la edad mínima, la residencia, experiencia profesional, entre otros, ya que se debe considerar un espectro más amplio de cualidades deseables en una persona, que garantice en su ejercicio la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones como:

Competencia profesional y técnica, esto implica poseer los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desempeñar las funciones del cargo de manera eficiente. Dependiendo del puesto, esto podría incluir formación académica específica, experiencia laboral relevante y habilidades técnicas particulares.

Integridad ética, un historial de honestidad, transparencia y rendición de cuentas es fundamental para generar confianza en la ciudadanía.

Compromiso con el servicio público, una genuina vocación de servicio, priorizando el interés público sobre el personal o partidista.

Capacidad de gestión y liderazgo, para puestos de mayor responsabilidad se requiere la capacidad de planificar, organizar, dirigir equipos y tomar decisiones efectivas.

Conocimiento del contexto, entender la realidad social económica y política de la región o el país.

Habilidades de comunicación, ser capaz de transmitir ideas de manera clara y efectiva, así como de escuchar y dialogar con la ciudadanía.

Respeto por la ley y las instituciones, lo que implica conocimiento del marco legal y normativo, mostrar un compromiso con el estado de derecho y el funcionamiento democrático.

Sensibilidad social y respeto por los derechos humanos, en áreas donde las decisiones impactan directamente a la ciudadanía.

La falta de idoneidad en la función pública puede tener una serie de impactos negativos significativos, como la ineficiencia y mala gestión, es decir, personas sin las competencias o la experiencia adecuada, pueden tomar decisiones erróneas, desperdiciar recursos públicos y obstaculizar el funcionamiento eficiente de las instituciones. Esto puede traducirse en servicios públicos deficientes o que no cumplen con las necesidades de la ciudadanía; la corrupción, el soborno, el nepotismo y el desvío de fondos públicos; la pérdida de confianza ciudadana impacta en la credibilidad de las instituciones gubernamentales, generando la apatía cívica y la inestabilidad social; el estancamiento o retroceso en políticas públicas para abordar los problemas de la sociedad; daño a la imagen del gobierno, la presencia de funcionarios ineptos o corruptos puede dañar la reputación del gobierno a nivel nacional e internacional.

La idoneidad en la función pública es crucial para el bienestar de la sociedad, por lo tanto, la idoneidad en quienes aspiran y ocupan cargos públicos, debe ser una prioridad constante para fortalecer nuestra sociedad y asegurar que las instituciones sirvan verdaderamente al bien común.

El papel de la ciudadanía en relación con la idoneidad en la función pública es crucial, ya que no solo son receptores de los servicios y las decisiones de los funcionarios, sino que también tienen la responsabilidad y el poder de influir en quienes ocupan estos cargos y cómo se desempeñan, para ello es importante informarse sobre los candidatos a cargos públicos, investigando sus trayectorias y propuestas. La participación electoral consciente, la demanda de rendición de cuentas, la vigilancia y la educación cívica.

Una ciudadanía informada y activa es un contrapeso importante para asegurar que quienes sirven en el ámbito público sean personas idóneas para la tarea.