Redacción / La Voz de Michoacán

La estructura electoral del INE no cuadra con las exigencias de la reforma judicial, por lo que el primer reto para organizar la contienda y garantizar un voto sin limitaciones será adaptarla con los circuitos judiciales, que no coinciden con la territorialidad electoral, que carecen de uniformidad y que incluso mezclan y fraccionan algunos estados.

El más reciente acuerdo del Consejo de la Judicatura establece los órganos jurisdiccionales en funciones y la territorialidad específica de cada uno, que se mantiene desde el 1 de agosto de 2023 y que sería una de las bases para definir la dimensión de la elección.

El documento ilustra los retos del INE para distribuir el territorio nacional, no sólo para la contratación del personal de capacitación electoral, sino para definir la ubicación estratégica de las mesas de votación en los casos que comparten diferentes estados y además, a quiénes y cuáles boletas entregarán para garantizar el pleno derecho al voto.

Y es que, entre las complicaciones territoriales con estados fragmentados, implica, por ejemplo, que personas de Sonora no podrían elegir a los juzgados de San Luis Río Colorado, pues este municipio es considerado una “excepción” en el quinto circuito sonorense y lo absorbe el decimoquinto, donde votarán quienes viven en Baja California.

O en el caso de Veracruz, en donde los jueces que resuelven asuntos de 25 de los municipios veracruzanos quedan excluidos del séptimo circuito de esa entidad y los cede a los juzgados del décimo circuito de Tabasco. Mientras que en Coahuila, de acuerdo con la distribución judicial, ese circuito absorbe la competencia de nueve municipios de Durango.

Es decir, la autoridad electoral tendrá que definir si las boletas para esos juzgadores se envían a los municipios de competencia para que los voten directamente las personas que recurrirán a ellos, o los eligen en los estados en los que radican y operan.

Y no sólo eso, otro caso a aclarar en la nueva cartografía electoral en cómo se votará y por cuáles cargos en específico podrían hacerlo cada elector, son los casos de juzgados especializados que sólo pueden radicar en una sola entidad pero que tienen facultades de jurisdicción en toda la República Mexicana.

Algunos de éstos, son los Juzgados Especializados en Ejecución de Penas con sede en Tlalnepantla de Baz en el Estado de México o los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones que están en Ciudad de México pero que ejercen jurisdicción en casos de toda la República Mexicana, así, en estos cargos se deberá aclarar si lo elegirán sólo en las dos entidades sede o si se vuelve un cargo nacional como los ministros de la Suprema Corte con derecho para todos los electores del país.

Esto implicaría que el Instituto Nacional Electoral deberá en pocos días librar la tarea de crear una nueva cartografía electoral que se ajuste a la judicial, para que abarque todos los tribunales, juzgados y centros de justicia federal distribuidos en todo el país, y así, garantizar que toda persona con credencial de elector, verdaderamente pueda elegir al juzgador al que recurriría para resolver asuntos legales.

El documento también exhibe que el Consejo de la Judicatura en uso de la facultad legal de ajustar y determinar el número mínimo de tribunales colegiados, tribunales de apelación, juzgados de distrito, centros de justicia federal, tribunales laborales federales y plenos regionales en todo el país, aprobó incrementarlos en un 47 por ciento, pasando de 615 a 907 actualmente.

Por lo que al menos deberían renovarse las titularidades de 907 cargos entre 2025 y 2027, más aquellos tribunales que cuentan con más de un juzgador o magistrado. Esto, sin contar los cargos de magistraturas electorales de la Sala Superior y de las Salas Regionales, ni el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de la Ciudad de México es el que tiene la mayor renovación de cargos. El Consejo de la Judicatura avaló la funcionalidad de 177 órganos: 68 tribunales colegiados y dos auxiliares de éstos; cuatro tribunales colegiados de apelación; 77 juzgados de distrito con dos auxiliares, cuatro centros de justicia federal, 16 tribunales laborales federales y cuatro plenos regionales.

En contraste con Colima que apenas tiene siete en total, entre tribunales colegiados, de apelación y juzgados; y Campeche y Baja California Sur con ocho.

La última cartografía electoral que realizó el INE le llevó más de dos años. Inició tras el nuevo Censo del INEGI 2020 y concluyó en diciembre de 2022, para cumplir con la orden constitucional de dividir los 300 distritos electorales uninominales en el número de población más actualizado, que actualmente y como operará durante 10 años, incluye a 420 mil 47 personas por distrito, lo que tampoco coincide con la distribución judicial que en algunos casos agrupa a municipios de mayor población.