Aholibama Andrade / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que ha iniciado dos procesos de investigación en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por la omisión de las averiguaciones correspondientes al homicidio de Lizbeth Estela Romero, directora de seguridad de Angamacutiro y de Aurelio Santos Contreras, expresidente municipal de Cotija. 

A través de una tarjeta informativa la CEDH indicó a los medios de comunicación que este lunes que iniciaron los procesos CEDH/16015/2024 ACT y  CEDH/16015/2024 ACT en contra de la FGE por omisión de investigación, esto luego de que el organismo considerara que hay una posible falta de intervención en estos hechos.

Por su parte, a través de redes sociales la FGE publicó en su portal de Facebook que, en el caso del homicidio de Aurelio Santos, exalcalde de Cotija y excandidato a la presidencia municipal, de manera preliminar se tiene que la víctima murió a causa de disparo de arma de fuego en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Cotija.

Mientras que, en el caso de Lizbeth Estela Romero, directora de seguridad de Angamacutiro, la Fiscalía indicó en la publicación que fue privada de la vida en su domicilio también a consecuencia de disparos de arma de fuego. Y en ambos hechos, la FGE externó que se iniciaron carpetas de investigación, además de que se continúan realizando acciones en materia pericial para esclarecer ambos sucesos.

Cabe resaltar que estos no son los primeros atentados o hechos delictivos que ocurren en este año en contra de funcionarios públicos de ambos municipios. Uno de estos es la desaparición de Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro y actual regidora del municipio de Penjamillo, quien fue “levantada” en compañía de una de sus colaboradoras a inicios de agosto. Hecho por el que las autoridades estatales desplegaron distintos operativos, sin embargo, no han brindado actualizaciones públicas en la línea de investigación.

Por otra parte, en Cotija un día después de que se llevara a cabo el proceso electoral más grande en la historia democrática del país, las autoridades estatales informaron sobre el atentado de arma de fuego en contra en contra de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija con licencia perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), y de su escolta Jesús Valencia, quienes minutos después fallecieron en un hospital de Los Reyes. 

Por otra parte, Juan Pablo Aguilar Barragán, presidente municipal actual de Cotija perteneciente a la alianza PAN-PRI, no se ha presentado ejercer sus funciones como servidor público, ya que pidió una licencia para ausentarse del cargo por más de 50 días debido a motivos de inseguridad.

No obstante, en diversas entrevistas colectivas, Carlos Torres Piña, secretario de gobierno, ha indicado que a más de un mes de su ausencia no se le ha podido contactar directamente, por lo que la vía de comunicación la han ejercido con las dirigencias de los partidos que emana y con los funcionarios que integran el Ayuntamiento, ya que tanto en la sesión de Cabildo del municipio como en la licencia de Aguilar Barragán encontraron distintas irregularidades.

De manera que, ante este panorama durante la primera semana de octubre los medios de comunicación cuestionaron al responsable de la política interna en el estado sobre los funcionarios públicos que al momento han pedido algún tipo de seguridad o acompañamiento.

Sobre el tema Torres Piña indicó que en ese momento tenían contabilizados a 6 alcaldes de Michoacán que se habían acercado a la Secretaría de Gobierno para solicitar seguridad, la cual comentó que variaba dependiendo de la situación de cada edil: “hay quienes piden un vehículo, hay quienes piden presencia personal, y hay quienes piden que haya vigilancia por parte de Sedena y del Ejército (…)” añadió el funcionario estatal.

A pesar de no dar mayores detalles sobre las regiones o zonas en las que se tiene una mayor incidencia, resaltó que las solicitudes con las que cuenta la dependencia se atienden de manera oportuna, situación que se replicará en caso de que otros presidentes municipales también requieran de este tipo de acompañamiento.