El presidente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, reveló su postura sobre la detención del exgobernador Silvano Aureoles Conejo: Si tienen cuentas pendientes que las paguen
Morelia, Michoacán.- “Si tienen cuentas pendientes con la Ley, tienen que pagarlas”, declaró el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, tras la supuesta detención del ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
“Estamos contra cualquier acto de corrupción sin importar quién sea, y si tienen cuentas pendientes con la Ley tienen que pagarlas; ya le corresponderá a la autoridad determinar su responsabilidad”.
cuentas pendientes del silvanismo en Michoacán
Ocampo Córdova, precisó que ninguno de los hasta ahora cuatro detenidos y quienes cuentan con orden de aprehensión que trabajaron durante el sexenio de Aureoles Conejo, tiene filiación perredista pese a que trabajaron en un gobierno encabezado por un ex integrante del sol azteca.
Y es que el también legislador local, recordó que desde noviembre del año pasado, Silvano Aureoles; su hermano, Antonio García Conejo y Juan Bernardo Corona, fueron expulsados del PRD, ante la posibilidad de que ellos, integrarían un nuevo proyecto político.
¿Qué se sabe hasta ahora de la detención de exfuncionarios del gobierno de Silvano?
Durante la mañana de este sábado se confirmaron las detenciones de: Carlos Maldonado Mendoza, ex tesorero; Mario Delgado Murillo, actual delegado administrativo de la Secretaria de Finanzas y quien también laboró como delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública; Lizbeth Villegas Padilla, ex delegada administrativa de la SSP.
Más tarde se filtró la imagen de José Antonio Bernal Bustamante, quien fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Silvano Aureoles Conejo y posteriormente, trascendió la supuesta detención del exgobernador Aureoles Conejo.
Se les acusa por presunto peculado y otros delitos en contra del patrimonio de los michoacanos. Saltó la construcción de los cuarteles de seguridad, que, de acuerdo con información hecha pública por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tuvieron distintas irregularidades, entre ellas el sobreprecio y materiales de baja calidad.
