De acuerdo con la evaluación, la FGE de Michoacán ha avanzado en la atención, investigación y/o resolución de los casos.
Redacción / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Michoacán ha avanzado de manera efectiva en el combate a la impunidad, y de acuerdo con la evaluación del sistema de justicia penal, Hallazgos 2023, realizada por la organización ciudadana México Evalúa, se encuentra en primer lugar de las entidades que presentaron los niveles de impunidad más bajos, seguido por las demás entidades del país.
En esta evaluación se muestra el nivel de respuesta efectiva de las Fiscalías en los casos que conocen. Es decir, aquella que implica la atención, investigación y/o resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al haberse logrado un acuerdo reparatorio, por derivarse de alguna salida anticipada o bien, por encontrarse sin sentencia.
De acuerdo con el informe emitido por la organización ciudadana México Evalúa, la media nacional de la impunidad para 2023 se ubicó en un nivel relativamente menor al de años previos, y se aprecia un ordenamiento de las entidades federativas con ciertos cambios respecto a mediciones previas.
En este sentido, el promedio nacional de impunidad para el fuero común se ubicó en el 93.63 por ciento, 2.7 puntos porcentuales del 96.3, reflejado durante 2023. Las entidades que presentaron, los niveles más bajos fueron Michoacán con el 76.26 por ciento, Querétaro con el 78.74 por ciento, Guanajuato con el 79.82 por ciento, Baja California Sur y Sonora con 80.71 por ciento.
Lo anterior, refiere el documento, permite identificar cuáles son las entidades que están logrando una menor congestión en la operación, o bien, empleando las diversas salidas previstas para dar una respuesta efectiva a los casos que conocen.
Cabe hacer mención que Hallazgos 2023, trabajo respaldado por la Agencia de los Estados Unidos, para el Desarrollo Internacional (USAID), y de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, representa una contribución de México Evalúa a las instituciones del Estado Mexicano. Su propósito es orientar la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de la justicia penal.
