La comunidad de Santa María Ostula enfrenta la violencia y exige justicia tras el asesinato de Antonio Regis Nicolás.

Morelia, Michoacán .- Antonio Regis Nicolás de la comunidad de Santa María Ostula, fue interceptado y asesinado por presuntos integrantes del Cartel de las cuatro letras, hoy la comunidad exige justicia ante la violencia, y expone que el CJNG actúa de manera impune en la región de la Sierra Costa michoacana por la omisión gubernamental y la colusión de la Fiscalía General del Estado.

En un pronunciamiento para denunciar “el brutal asesinato de Antonio Regis Nicolás” detallan que el comunero de 52 años de edad, transitaba por la brecha conocida como La Estanzuela aun y pese a la vigilancia que hace el Cartel Jalisco, pues una urgencia médica le habría obligado a optar por ese camino.

Acompañado de su esposa e hijo, Regis fue requerido por sicarios del grupo criminal con el propósito de que se identificara, no obstante el comunero no traía consigo ninguna identificación, lo que provocó que uno de los criminales lo golpeara con un arma larga, infringiendo heridas que terminaron por matarlo.

En su mensaje, la comunidad indígena náhuatl asienta que en “los más altos niveles del gobierno federal (Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y del gobierno del estado tienen pleno conocimiento de la situación de violencia que priva en toda la región y de las agresiones que constantemente ha sufrido nuestra comunidad; sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”.

Entre las exigencias de los pobladores está que se castigue a los homicidas de Regis, pero también se esclarezca la ejecución extrajudicial de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, así como los asesinatos de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Eustaquio Alcalá Díaz y Juan Medina, en tanto se presente con vida a los activistas Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

El desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección otorgada por funcionarios y mandos policiales corruptos, es otra de las solicitudes que apremian a la comunidad, además de exigir respeto y garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal y el ejercicio de su libre determinación y autonomía, ya que su administración está basada en los usos y las costumbres.