Morelia, Michoacán
La reforma constitucional en materia indígena aprobada recientemente por el Congreso de Michoacán, establece sanciones a servidores públicos, partidos políticos o representantes populares que obstaculicen autogobierno de los derechos comunales, así lo señaló Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de enlace legislativo y asuntos registrales de la Secretaría de Gobierno (Segob).
En conferencia desde Casa Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que nadie “sea quien sea”, ni autoridades estatales ni municipales pueden interferir en los procesos de autogobierno de las comunidades indígenas, sobre todo en los procesos de transición y de las consultas previas, libres e informadas.
“En 22 municipios del estado se asientan las 41 comunidades indígenas que han optado por la autonomía. Y hemos tenido cinco casos donde ha habido interferencia por las autoridades municipales. Quiere decir que la mayoría han sido ampliamente respetuosos, en el tema”, señaló Ramírez Bedolla.
Agregó que este principio fue establecido justo para evitar esos casos, para que se establezcan sanciones administrativas y penales en el caso de que esta situación se vuelva a presentar.
“Y este principio tiene que ver con eso, con que se abstengan las autoridades. Como en materia electoral, que hay una prohibición en las elecciones, aquí hay un proceso también democrático de consulta que organiza el Instituto Electoral de Michoacán. Entonces es, digamos, ponerlo al mismo nivel que en una elección de cargos de representación popular”, expresó Ramírez Bedolla.
