La violencia electoral en México y su efecto en la democracia.

Frente a la violencia electoral por el número de políticos víctimas de homicidio en las elecciones 2023-2024 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia a las estadísticas divulgadas por entidades como Data Cívica, que reportan más de 40 fallecidos, contrastando con los seis reconocidos oficialmente.

En la rueda de prensa del 14 de junio, el jefe de estado criticó la circulación de datos que apuntaban a 60 víctimas mortales entre los candidatos, tachando de imprecisos dichos informes y acusando a los medios de comunicar falsedades sobre el asunto.

Según López Obrador, las cifras de su gobierno indican una tendencia a la baja en relación a comicios pasados, mencionando números menores a los de los años 2021, 2018, 2012 y 2006.

No obstante, la información oficial y las declaraciones de especialistas en derechos humanos dibujan un panorama más complejo.

Violencia Electoral en México

Con más de 20 políticos asesinados en este periodo comicial, y organizaciones independientes elevando el total a más de 40, la violencia electoral ha derivado en innumerables amenazas y secuestros, instaurando un ambiente de intimidación que interfiere gravemente en la participación democrática en ciertas áreas de México.

Roberto Roldán, experto en violencia política, indicó que la falta de transparencia y el temor a represalias dificultan el conteo exacto de incidentes, sobre todo en comunidades rurales con menor cobertura de prensa.

Roldán enfatizó que tanto el crimen organizado como las tensiones políticas locales son causas principales de estos sucesos, que este año han visto un aumento en los homicidios de aspirantes a la cámara de diputados.

La violencia electoral, más allá de su repercusión inmediata en las víctimas y sus entornos, repercute de manera significativa en la integridad democrática de México.

De acuerdo con estudios de Data Cívica, cada incidente violento disminuye la participación ciudadana en los municipios concernidos en un 3%, alimentando un ciclo de temor e impunidad que restringe la libre expresión política y la práctica democrática en dichas localidades.

La seguridad de los postulantes fue un asunto primordial en las campañas, aunque muchos manifestaron escepticismo respecto a las garantías de protección ofrecidas por las autoridades.