Tijuana, Baja California

La periodista y codirectora de Semanario Zeta, Adela Navarro Bello, ha recibido en menos de un mes ocho llamadas telefónicas con amenazas de muerte, informó la oficina regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.

Este semanario, con sede en Tijuana, Baja California, desde hace décadas realiza coberturas sobre temas de narcotráfico, corrupción, política interna y crimen organizado.

De acuerdo a los datos divulgados, Adela Navarro ha recibido ocho llamadas de este tipo entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025 y en todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje:

“Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato.

En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con un ruido de viento similar al de una motocicleta.

Los periodistas indicaron que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a una narcofosa, y se han intensificado luego de revelaciones relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal.

Entre otras publicaciones recientes del semanario Zeta se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva.

A lo largo de 2024, Artículo 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México. De las cuales, la mayoría estuvo orientada a comprometer la integridad de las personas afectadas.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) realizó un llamado a las autoridades a implementar medidas para la protección de la codirectora del Semanario Zeta y solicitó a la FGE investigar y esclarecer amenazas telefónicas dirigidas a la periodista.