El PRI en Michoacán impulsa una ruta jurídica antiminas contra la Sedena, buscando proteger a los jornaleros de Tierra Caliente.

Morelia, Michoacán.-El PRI en Michoacán continuará la ruta jurídica contra la queja de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ante la suspensión definitiva de un amparo colectivo promovido en favor de jornaleros agrícolas de Tierra Caliente, quienes han sido víctimas de la colocación de minas terrestres por parte del crimen organizado.

Y es que, pese a que el amparo se hanó, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interpuso un recurso de queja contra la medida, lo que generó críticas del dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes.

En rueda de prensa, este martes, el PRI michoacano informó que el amparo, promovido por su Secretaría de Atención a Víctimas, fue admitido y derivó en una orden judicial para que las autoridades federales y estatales retiren los artefactos explosivos.

El presidente del partido, Memo Valencia, calificó la resolución como un “parteaguas” en la lucha contra la violencia en la región y acusó a la Sedena de evadir su responsabilidad.

“En lugar de ponerse a trabajar, la Sedena se queja. Pero los más afectados son ellos mismos: de las muertes por minas terrestres, tenemos conocimiento de dos jornaleros agrícolas y un maestro, pero también de cuatro militares que han perdido la vida en distintas explosiones.

Apenas antier, en Tanhuato, asesinaron a tres militares y dos elementos de la Guardia Nacional. Y la Sedena, en lugar de actuar, se inconforma porque le exigen hacer su trabajo”, señaló Valencia.

El secretario jurídico y de Atención a Víctimas del PRI, Alejandro Villaverde, detalló que el amparo fue promovido el pasado 7 de marzo ante el Juzgado Primero de Distrito, con base en las denuncias de trabajadores del campo en las comunidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en Buenavista Tomatlán.

La medida cautelar ordena a las fuerzas de seguridad implementar acciones para la localización y destrucción de minas en toda la región de Tierra Caliente.

“El juzgado otorgó la suspensión definitiva, lo que obliga a las autoridades a actuar en un plazo máximo de 48 horas y presentar pruebas de cumplimiento.

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La Sedena impugnó la medida, pero su recurso fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Nosotros seguimos firmes y confiamos en que el amparo prospere en favor de la población afectada”, explicó Villaverde.