Fujimori tuvo en su último periodo de gobierno, en el 2000, una crisis que le obligó a renunciar y refugiarse en Japón ante casos de corrupción
Agencias / La Voz de Michoacán
Lima, Perú. El nombre de Alberto Fujimori no solo estuvo en la cima de la presidencia de Perú, sino también en las cortes internacionales dado que el exmandatario tuvo que recurrir a Japón para evitar ser detenido en el país sudamericano, aunque al final terminó enfrentando a la justicia de esa nación.
Fujimori tuvo en su último periodo de gobierno, en el 2000, una crisis que le obligó a renunciar y refugiarse en Japón ante casos de corrupción que se habían destapado bajo su cobijo. A pesar de los pedidos de extradición de Perú al gobierno nipón para juzgar a Fujimori en la nación sudamericana, el país asiático lo negó.
El 6 de noviembre de 2005, el expresidente peruano llegó a Chile en un vuelo privado y fue detenido por un requerimiento de la embajada peruana. El 6 de enero de 2006 se inició el proceso de extradición a Perú, pero no fue hasta el 22 de septiembre de 2007 que se logró su traslado a la nación que él gobernó para encarar a la justicia.
Poco después de ser extraditado iniciaron los juicios contra Alberto Fujimori.
El 11 de diciembre de 2007 fue sentenciado por usurpación de funciones al ordenar a un militar suplantar a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra. Por eso fue condenado a seis años de prisión.
El 7 de abril de 2009 se le dictó una sentencia de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta por homicidio calificado con alevosía y secuestro.
También se le encontró culpable de peculado y falsedad ideológica por haber entregado 15 millones de dólares del Estado a su antiguo asesor, Vladimiro Montesinos. Esto se sentenció con 7 años y seis meses de cárcel.
Por los delitos de corrupción y espionaje recibió una sentencia de seis años en el 2009 por el espionaje telefónico a periodísticas y políticos.
También se le encontró culpable de delitos contra la libertad y otros seis años.
El 8 de enero de 2015 recibió una condena de ocho años de prisión por el cao Diarios Chicha por desviar dinero de las fuerzas armadas para financiar un grupo de diarios para impulsar su reelección en 1995. En 2016 fue absuelto de este cargo.