Morelia, Michoacán
Por lo menos siete iniciativas de la diputada Adriana Hernández se mantienen retenidas tan solo en la comisión de Justicia, más las que se turnaron a otras comisiones, según las cuentas de la propia diputada local, que asegura que hay una intencionalidad detrás de esto.
La diputada priista fue la única de los 40 legisladores que se opuso a la desincorporación de bienes del Gobierno del Estado y la adquisición de un financiamiento y además alzó la voz cuando se negó la reelección del magistrado Jesús Sierra Arias, al considerar que la negativa no tenía fundamentos.
“Quienes tenemos muchos años en política debemos entender que aquí no hay cosas personales, que esto es un trabajo y al menos en mi caso tenemos que hacer el trabajo en favor de la gente”, externó la legisladora en rueda de prensa.
Una de estas iniciativas es la que se trabajó en conjunto con periodistas del colectivo Ni Uno Más, que busca dar garantías de seguridad en el ejercicio de su labor a los comunicadores.
“Los periodistas han sido un grupo muy vulnerado, no solamente en Michoacán”, señaló la diputada priista.
Considera que el bloqueo no se originó en la fracción parlamentaria de Morena, pues dice tener buena relación con legisladores y legisladoras de este partido, sino que éstos pudieron haber recibido una instrucción de algún actor externo, sin aludir directamente al Ejecutivo, pero dándolo a entender, pues argumentó que no entiende el por qué del bloqueo si “son temas que no afectan al gobierno”.
“Fue bloqueada, así como muchas iniciativas mías, no puedo decir que por morena creo que fue una instrucción, aunque no tengo pruebas”.
La comisión de Justicia, en donde se mantienen congeladas “siete u ocho” iniciativas de Adriana Hernández, es presidida precisamente por una legisladora de Morena, Anabeth Franco. La componen también el morenista Fidel Calderón, la diputada Margarita López, quien llegó por el PVEM, el panista David Cortés y la diputada del PRI Daniela de los Santos.
Otra iniciativa que duerme el sueño de los justos es la que busca castigar la violencia corporal y fomentar al crianza positiva en niñas, niños y adolescentes, que se trabajó en conjunto con UNICEF.
“Hay quienes integran la comisión de Justicia que se dicen defensores de los derechos de los niños y no han movido un dedo para que salga”, señaló.
De los integrantes de esa comisión, la que más ha ondeado la bandera de la niñez es su compañera de bancada, Daniela de los Santos.
“Espero que la legislatura que va a entrar no permita que le den línea”, confió.
Si bien no son temas que afecten de manera negativa al gobierno estatal, como ella misma observó, agregó que sí buscan remediar una omisión de parte del mismo, pues esta autoridad tendría ya que estar garantizando la seguridad a periodistas y castigando la violencia física hacia los niños. “No lo están haciendo, por eso es que salen este tipo de iniciativas”, acusó.
Agregó que tampoco se concretó la construcción de un centro de justicia para niños y adolescentes, tema en el que se dijo interesada la presidenta del DIF y consideró que el gobierno estatal podría echar mano de espacios que posee como el que se iba a destinar para la construcción de las oficinas centrales del IMSS, lo cual no se dio.
A esto se suma que en la última sesión hubo un intento de aprobar una nueva Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado que ni siquiera había sido turnada para su lectura lo cual, dijo, da a pensar “muchas coas, como que quieren una ley a modo para la próxima legislatura”.
Adriana Hernández, quien fue diputada local por tres ocasiones seguidas, adelantó que hablará con sus compañeros de partido que serán diputados en la próxima legislatura -Guillermo Valencia, Xóchitl Ruiz y Adriana Campos- para que den seguimiento a sus iniciativas bloqueadas, las defiendan y “no las dejen morir”.
No es la primera vez
Adriana Hernández no fue la primera en denunciar un bloqueo a su labor legislativa. Anteriormente, la diputada Magarita López también acusó al Ejecutivo de interferir para que no se aprobara la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo.
Esta ley ya se había aprobado, pero una vez que llegó al Gobierno del Estado, éste la regresó al Congreso con observaciones. Según la diputada, una mera dilación, pues sólo pedía que se le cambiara el nombre.
Una vez que estuvo lista para ser votada nuevamente, los legisladores “hicieron vacío”y sólo 12 se presentaron a sesionar, a pesar de que
Hubo más sesiones después de ese 3 de mayo -pocas, pues se atravesaron las campañas electorales-, pero el tema no se volvió a enlistar en la Orden del Día.
