El Gobierno federal criticó la demora de la SCJN en casos de evasión fiscal de 35 mil millones de pesos del Grupo Salinas.
Ciudad de México.-En la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal enviaron una carta a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresando su descontento por lo que consideran una protección ilegal a una evasión fiscal de 35 mil millones de pesos atribuida al Grupo Salinas.
La misiva, redactada por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y parcialmente compartida en su conferencia reciente, no especifica directamente a Ricardo Salinas Pliego, líder del grupo empresarial, pero critica la demora en resolver los amparos iniciados por la corporación.
El documento señala que esta tardanza es una forma de protección ilegal hacia las prácticas de evasión fiscal de aquellos que continuamente incumplen sus responsabilidades fiscales. La carta indica que la ministra presidenta ha sido negligente al no resolver los amparos en revisión 5654/2024 y 6321/2024, recibidos en la SCJN el 4 y 12 de julio respectivamente.
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Estos recursos están ligados a créditos fiscales por omisiones en los años fiscales 2008 y 2013, con más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente. Ambos casos han pasado por todas las instancias legales necesarias, incluyendo resoluciones en tribunales colegiados de circuito que favorecen al Estado por más de 35 mil millones de pesos.
La actuación de Piña es criticada por su comportamiento dilatorio, que impide que la Federación acceda a recursos financieros legítimos debido al abuso de procesos lentos por parte de los órganos judiciales, contraviniendo el mandato constitucional de justicia pronta y expedita.
La carta también menciona que estos casos fueron previamente manejados por el ministro Luis María Aguilar, quien tardó más de ocho meses en presentar su proyecto de resolución, y finalmente, la Corte devolvió los casos al tribunal colegiado original al determinar que no cumplían con los requisitos para ser considerados por la máxima instancia.
López Obrador, sin certeza sobre la gestión de los fondos recuperados, propone una consulta pública para decidir el destino de estos, sugiriendo posibles aumentos en el apoyo a personas con discapacidad o en subsidios para el consumo de energía eléctrica.
El presidente también destacó un listado de 10 juicios que suman una evasión fiscal de 129 mil millones de pesos, con una notable y cuestionable demora en la programación de audiencias por parte de los juzgados encargados.
