En los últimos cinco años se documentaron al menos 158 casos de acoso judicial, es decir que cada mes en promedio 2.4 periodistas son víctimas de un proceso civil, administrativo, o penal

Morelia, Michoacán.- A través de denuncias en México se busca silenciar a periodistas, reporta la organización Artículo 19 que, considera preocupante la tendencia en el país por parte tanto de actores privados con poder económico como de actores públicos.

La postura de la organización se da a raíz de la denuncia promovida por los representantes de Banco Azteca en contra de periodistas y usurarios de las redes sociales en Jalisco.

Tal hecho tendría “posibles afectaciones a la libertad de expresión en las redes sociales de periodistas, personas comunicadoras y personas usuarias de dichas redes en general en México”, alerta la organización.

En el posicionamiento Artículo 19 recuerda que desde el 2016 a la fecha, ha identificado una preocupante tendencia en México por parte tanto de actores privados con poder económico como de actores públicos de utilizar distintas normativas en el país para silenciar voces que cuestionan, o son críticas a dichas estructuras de poder.

Acorde a la documentación de la organización presentada en el informe sexenal, “Derechos Pendientes”, en los últimos cinco años se documentaron al menos 158 casos de acoso judicial, es decir que cada mes en promedio 2.4 periodistas son víctimas de un proceso civil, administrativo, o penal en su contra debido a sus publicaciones o investigaciones.

“Demandar o denunciar a un medio, periodistas e incluso individuos cuyas cuentas tienen un cierto nivel de proyección pública genera un impacto psicológico, generando temor, así como impacto tanto en los recursos económicos y humanos para buscar una asesoría y representación legal, así como, en el caso que dicho procedimiento avance, impacta el tiempo que deben invertir en preparar su defensa, planear estrategias, realizar declaraciones, escritos, acudir a fiscalías o juzgados, etcétera”.

En el caso de las denuncias promovidas por Banco Azteca, señala que sin conocer los presuntos delitos, ni por qué publicaciones exactamente se está denunciando a la prensa, ni sus montos exigidos por la presunta comisión de estos delitos, se podría generar un efecto inhibidor en el cuál no sólo la prensa, sino las y los usuarios en redes sociales limiten sus publicaciones sobre las empresas vinculadas a Banco Azteca.

“De esta forma, este proceso, en conjunto con las comunicaciones emitidas por los representantes de Banco Azteca y Grupo Salinas, podría ser efectivamente un caso de denuncia estratégica contra la participación pública”.