Agencias / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Al iniciar 2026 se cumplen 32 años de que Chiapas marcó la historia reciente de México como símbolo de resistencia indígena y lucha social.

Aquella madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró que el pueblo debía gobernarse a sí mismo y que la organización comunitaria era el camino para lograrlo. Tres décadas después, sus demandas siguen abiertas.

El 1 de enero de 1994, mientras el gobierno federal celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un grupo de indígenas armados tomó varias cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc, Huixtán y Chanal.

Desde ahí, el EZLN anunció al país y al mundo su ruptura con el Estado mexicano y expuso una agenda centrada en tierra, trabajo, vivienda, salud, educación, libertad, democracia, justicia y paz.

La Declaración de la Selva Lacandona

Las exigencias zapatistas quedaron plasmadas en la Declaración de la Selva Lacandona, documento fundacional del movimiento. En él, el EZLN reclamó la devolución de tierras a las comunidades indígenas, una distribución más justa de la riqueza y la participación real de los pueblos originarios en la vida política del país.

Para el movimiento, la pobreza estructural y la exclusión eran consecuencia directa de un modelo económico que avanzaba sin considerar a las comunidades indígenas.

La respuesta del gobierno y once días de enfrentamientos

La reacción del gobierno federal, entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue el despliegue del Ejército. Durante once días consecutivos se registraron enfrentamientos armados que dejaron decenas de personas muertas en Chiapas, mientras México era observado por la comunidad internacional.

El conflicto evidenció el contraste entre el discurso de modernización ligado al TLCAN y la realidad de marginación que enfrentaban amplios sectores del país.

La fecha del levantamiento no fue casual. Coincidió con la entrada en vigor del TLCAN, proyecto emblemático del modelo neoliberal. El EZLN se presentó como una respuesta directa a esas políticas, que —según el movimiento— profundizaron la pobreza, la pérdida de tierras y la exclusión de los pueblos indígenas.

La presión internacional derivada del conflicto obligó al gobierno a abrir un proceso de diálogo con la insurgencia.

Los Acuerdos de San Andrés y la ruptura con el Estado

El 16 de febrero de 1994 comenzaron las conversaciones formales entre el EZLN y el gobierno federal. Dos años después se firmaron los Acuerdos de San Andrés, que comprometían al Estado a reconocer los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.

Estos acuerdos impulsaron la creación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de 1996. Sin embargo, en abril de 2001, el Congreso aprobó una reforma constitucional que dejó sin efecto lo pactado, lo que marcó una ruptura definitiva.

Autonomía zapatista: caracoles y Juntas de Buen Gobierno

Tras el incumplimiento, el EZLN optó por fortalecer sus estructuras autónomas. Surgieron los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, espacios donde las comunidades eligen a sus autoridades, forman maestros y médicos, y construyen escuelas y clínicas sin reconocimiento del Estado.

El movimiento, cuyo origen se remonta a 1983 con un campamento guerrillero en la Selva Lacandona, consolidó una estructura interna basada en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), integrado por representantes comunitarios.

Marichuy, candidata indígena a la presidencia

En 2018, el EZLN y el CNI impulsaron la candidatura independiente de María de Jesús Patricio, “Marichuy”, como aspirante presidencial. Aunque no logró reunir las firmas necesarias, su postulación visibilizó la diversidad del país y reabrió el debate sobre la exclusión política de los pueblos indígenas.

El proceso se vio interrumpido por un accidente carretero en Baja California Sur, en el que falleció una persona de su comitiva y varias resultaron lesionadas, lo que obligó a suspender la recolección de apoyos.

Sheinbaum y el EZLN: respeto sin coincidencias

El 30 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno mantiene una postura de respeto hacia el EZLN, aunque defendió el proyecto de la Cuarta Transformación, tras las críticas del movimiento a programas como Sembrando Vida.

Sheinbaum recordó su participación en movimientos estudiantiles por la paz en Chiapas y aseguró que no busca confrontación con la organización insurgente.

Mujeres indígenas y las críticas a la Cuarta Transformación

Al declarar 2025 como el Año de la Mujer Indígena, la presidenta afirmó que su objetivo era reconocer el papel histórico de las mujeres de los pueblos originarios. No obstante, diversas voces indígenas han expresado dudas sobre el impacto real de estas políticas.

Durante los encuentros internacionales “Resistencia y Rebeldía” en San Cristóbal de las Casas, integrantes del EZLN señalaron que, pese a la llegada de la primera presidenta del país, las condiciones de vida de las mujeres indígenas no han cambiado sustancialmente.

La comandante Mari afirmó que “no existe la cuarta transformación” para los pueblos indígenas, mientras que Anselma, representante otomí, criticó que la consigna “No llego sola, llegamos todas” excluye a mujeres indígenas víctimas de violencia, desaparición y feminicidio.

Violencia actual en Chiapas: una nueva guerra silenciosa

A tres décadas del alzamiento, el contexto en Chiapas ha cambiado: el crimen organizado y la presencia de grupos armados han intensificado la violencia en la región, convirtiendo a muchas comunidades en escenarios de tensión constante.

En un evento conmemorativo celebrado en diciembre del 2024, el EZNL reafirmó que las comunidades zapatistas no cederán ante la violencia, ya sea del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad, y que su determinación persiste pese a las amenazas, el desprecio y la marginación histórica.

Criticó que la violencia y los ataques se dan en un contexto donde incluso sectores del propio sistema político no han atendido las demandas históricas del zapatismo, y denunció que el control del crimen organizado sobre tierras antes administradas por comunidades organizadas ha generado nuevas formas de enfrentamiento.

Además, organizaciones indígenas han señalado que la disputa de rutas de tráfico, desplazamientos forzados y la presencia de grupos criminales en Chiapas complican la vida comunitaria y representan una amenaza constante para la seguridad de las familias rurales.